El tribunal impuso una de las penas más altas en Tamaulipas tras acreditarse abusos reiterados entre 2021 y 2024, siendo la víctima hija de su pareja sentimental.
Un tribunal de juicio oral en Tampico dictó una sentencia de 172 años y nueve meses de prisión contra Eduardo “R” por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente.
Además se estableció el pago de una multa superior a 26 mil pesos y la reparación del daño por más de 76 mil pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, el agresor era pareja sentimental de la madre de la víctima y, mediante amenazas, cometió los abusos en repetidas ocasiones entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.
Los hechos ocurrieron de manera sistemática hasta que la adolescente decidió denunciar la situación ante las autoridades. La entonces agente del Ministerio Público, Gabriela Silva Carrizales, integró la carpeta de investigación y presentó pruebas que el tribunal consideró contundentes para acreditar la responsabilidad del acusado.
Aunque se incorporan agravantes como abuso de poder, uso de sustancias, y se elimina cualquier interpretación del silencio como consentimiento, la disminución de penas ha generado críticas y abrió la puerta a nuevas propuestas para endurecer las sanciones.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición legal de abuso sexual para asegurar que el consentimiento sea claro y explícito. Sin embargo, el pleno redujo las penas de prisión a quién cometa el delito.
La reforma, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal para describir el abuso sexual de manera más amplia, donde se establece que el delito comprende “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento”, lo que incluye tocamientos, caricias o exhibiciones sexuales, y que el silencio, la ausencia de resistencia física o la pasividad nunca podrán interpretarse como consentimiento.
También se aclara que no hay consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada por violencia, intimidación, engaño, amenazas o abuso de autoridad. Señalando que con esta definición más precisa, se evitan “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”.
Entre las agravantes establecidas se incluyen el abuso de poder, el uso de drogas o alcohol para anular la voluntad de la víctima y el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto. Además, la reforma dispone que el delito se perseguirá de oficio.
Sin embargo, la reforma aprobada también redujo el rango de penas de prisión, pasando de una sanción de 6 a 10 años a un nuevo rango de 3 a 7 años, lo que fue defendido por la mayoría bajo el argumento de evitar el “populismo punitivo”. Se sostiene que las penas pueden incrementarse cuando se acrediten agravantes.
Por su parte, el Partido del Trabajo (PT), anunció su intención de presentar una iniciativa para elevar las sanciones, al considerar que las agravantes establecidas no compensan suficientemente la reducción y que la modificación podría enviar un mensaje ambiguo sobre la gravedad del delito.
La Iglesia Católica en Estados Unidos ha enfrentado una serie de acuerdos multimillonarios por casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros miembros del clero, que suman miles de millones de dólares en compensaciones para víctimas, tras décadas de denuncias, se han expuesto sistemáticas falencias institucionales y de protección.
La Diócesis Católica Romana de Camden, en el sur de Nueva Jersey, acordó pagar 180 millones de dólares como parte de un plan de quiebra para resolver demandas por abusos sexuales de clérigos que datan de hace décadas. El acuerdo, que aún requiere aprobación del tribunal, llegó luego de años de resistencia por parte de la diócesis y de la flexibilización de los plazos de prescripción que permitió reabrir casos antiguos.
En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un pago récord de 880 millones de dólares a más de mil víctimas, cifra que elevó sus desembolsos totales a más de 1 500 millones tras acuerdos anteriores con sobrevivientes de abusos.
La Arquidiócesis de Nueva Orleans, una de las más antiguas del país, se declaró en bancarrota en 2020 ante más de 500 demandas presentadas tras la eliminación de plazos de prescripción en Louisiana, y en diciembre de 2025 logró un acuerdo aprobado por un juez federal para pagar al menos 230 millones de dólares.
Los casos de abuso sexual por parte del clero católico en Estados Unidos han implicado no sólo la comisión de delitos graves, sino también esfuerzos institucionales por encubrir, trasladar o silenciar a los acusados, lo que generó que las víctimas enfrentaran enormes obstáculos para acceder a la justicia.
Las demandas han obligado a múltiples diócesis a solicitar quiebras para manejar el volumen de reclamaciones, haciendo visibles las profundas fallas de protección dentro de las instituciones religiosas del país.
Sin embargo, estas transacciones no sustituyen la exigencia de responsabilidad moral y judicial plena, ni garantizan cambios estructurales efectivos más allá de las indemnizaciones. Los procesos han privilegiado soluciones contables y financieras sobre medidas de transparencia, expulsión de abusadores y reformas internas profundas que impidan la repetición de estos crímenes.
La reforma aprobada por unanimidad eleva penas por abuso sexual, persigue de oficio delitos clave y cierra vacíos legales que favorecían la impunidad.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas contra la violencia de género que endurece sanciones, persigue de oficio delitos sexuales y precisa conceptos fundamentales como acto sexual y consentimiento, con el objetivo de cerrar brechas legales y fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
Entre los cambios centrales, se incrementa la pena mínima por abuso sexual de dos a cuatro años de prisión, con multas de hasta 113 mil pesos, y se establece como reparación del daño obligatoria la atención psicológica especializada para la víctima, además de la asistencia del agresor a talleres de reeducación con perspectiva de género. La reforma define el acto sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, evitando interpretaciones discrecionales.
También se incorpora el consentimiento como eje del acto sexual, el cual puede retirarse en cualquier momento. Se aclara que el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no constituyen consentimiento cuando exista intimidación, amenazas, abuso de confianza o autoridad, o situación de vulnerabilidad.
El paquete legal persigue de oficio el “grooming” —acoso sexual contra menores mediante medios tecnológicos—, crea el tipo penal de violencia familiar entre pareja y amplía la violencia familiar para sancionar conductas en relaciones de noviazgo. Además, faculta al Ministerio Público para dictar medidas de protección en casos de violencia vicaria y solicitar su ratificación judicial.
Al presentar el dictamen, la diputada Cecilia Badillo Obregón (Morena) reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayando que la reforma responde al abuso cotidiano en espacios públicos, transporte, escuelas, centros laborales y el hogar. Destacó que “no quedará a la interpretación de ningún juez machista”, al cubrir vacíos que favorecían la impunidad.
Finalmente, se endurecen sanciones en la Ley de Cultura Cívica por vejaciones, intimidación o maltrato dentro del ámbito familiar, al advertir que estas conductas pueden escalar a violencias más graves.
El Senado aprueba cambios clave para definir y castigar el abuso sexual. Ahora, el silencio de la víctima no cuenta como consentimiento, y las autoridades investigarán sin necesidad de denuncia formal.
El Senado aprobó una reforma importante este martes, pues los senadores cambiaron los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Todos los 97 votos apoyaron la medida. Esto ocurre un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara acoso en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La nueva ley pone el consentimiento en el foco principal. Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó el cambio, y aseguró que ya basta de excusas como el silencio o la falta de resistencia, pues muchas víctimas se congelan por miedo o intimidación. La reforma reconoce eso y protege a quienes viven esa realidad dura.
Un acto sexual ahora incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas, dado que ya la ley define el abuso sexual como cualquier acto sin consentimiento y sin llegar a la cópula. Esto aplica en espacios públicos o privados, además de que la víctima puede verse obligada a observar o realizar el acto sobre el agresor, un tercero o ella misma.
Además, el delito se persigue por oficio, ya que las autoridades iniciarán la investigación sin una denuncia formal. Gina Campuzano, senadora, compartió una visión personal, pues añadió que quien vive violencia sabe que el cuerpo se bloquea por miedo. La ley ahora reconoce esa reacción humana y común.
Las sanciones incluyen de tres a siete años de prisión, así como una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA, lo que equivale a unos 56 mil 570 pesos. Estas penas buscan disuadir a los agresores y apoyar a las víctimas en su recuperación.
La pena sube hasta nueve años en casos graves. Por ejemplo, si usan violencia física o psicológica o si actúan dos o más personas, o en caso de lugares aislados o poco accesibles. La relación con la víctima agrava el castigo, como parentesco, lazos sentimentales, laborales o educativos.
Otros agravantes incluyen abusos por funcionarios públicos o ministros de culto, y en caso de que la víctima esté bajo efectos de alcohol, fármacos o narcóticos, la pena aumenta. Lo mismo aplica si está embarazada.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un conjunto de reformas que buscan reforzar la protección y la atención a mujeres que enfrentan violencia en la Ciudad de México. Se trata de cambios al Código Penal y a diversas leyes locales que endurecen sanciones por violencia familiar, acoso y abuso sexual, además de incorporar nuevas obligaciones para hoteles y establecimientos con el fin de prevenir delitos de género.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Durante el anuncio, Brugada explicó que una de las prioridades es diferenciar claramente la violencia familiar de la violencia de género, para dejar de ocultar las agresiones contra mujeres dentro de un concepto general que dificulta su denuncia y posterior seguimiento. Motivo por el que afirmó que la ciudad debe nombrar la violencia, sancionarla y garantizar que ninguna agresión quede en silencio.
📹 #Vídeo | Esta mañana la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), presenta las iniciativas en contra de la violencia de género que presentará al Congreso capitalino. pic.twitter.com/44ucGdJ7g4
De igual manera, la mandataria recordó que gran parte de los ataques sexuales ocurre dentro del entorno familiar, por lo que insistió en romper la idea de que “lo privado” debe quedarse puertas adentro. También refrendó su compromiso con los 10 acuerdos nacionales presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia contra las mujeres, destacando que la ciudad ya trabaja en ocho de ellos.
La Jefa de Gobierno (@ClaraBrugadaM) asegura que todas las manifestaciones de ideas son bienvenidas a la Ciudad de México pero hace un llamado a que estas sean pacíficas, principalmente hoy que es el dia de erradicación contra la Violencia de Género y para ello no debe haber… pic.twitter.com/5CbdNlkq6t
Entre las reformas planteadas se incluye la tipificación autónoma del acoso sexual digital, reconociendo que la violencia también se ejerce en espacios virtuales. Además, se impulsa la creación de procesos de reeducación para agresores, junto con sanciones económicas y penales.
Brugada explicó que en la CDMX, 7 de cada 10 victimas por violencia familiar, son mujeres, además alertó que se estima que el 57% de las capitalinas han sufrido violencia en su contra. pic.twitter.com/rY6i8X1xf5
Respecto a los establecimientos mercantiles y turísticos, el gobierno propone nuevas reglas para prevenir feminicidios, trata y violencia sexual dentro de hoteles y moteles. Las medidas contemplan sistemas obligatorios de videovigilancia conectados al C5, botones de emergencia, registros confiables de huéspedes, capacitación con perspectiva de género para el personal y protocolos de actuación ante señales de riesgo. También se exigirá registrar la relación entre adultos y menores que ingresen a estos lugares, así como el uso de identificación oficial válida.
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Las multas se elevarán y podrían llegar a la clausura temporal o definitiva en casos de reincidencia o delitos graves, incluidos feminicidios, transfeminicidios, trata infantil o violencia relacionada. En situaciones extremas, podría aplicarse la extinción de dominio.
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La fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, acompañó la presentación y destacó que estos cambios permitirán fortalecer la investigación y sanción de delitos contra mujeres. Además, subrayó la disminución de feminicidios en los últimos años y el incremento en órdenes de aprehensión por violación.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, explicó que la reforma fue construida en coordinación con dependencias, cámaras empresariales y representantes del sector turístico, dado que más del 15% de feminicidios registrados en la ciudad han ocurrido en hoteles.
El paquete de reformas fue también respaldado por legisladoras, entre ellas la diputada Cecilia Vadillo, quien aseguró que desde el Congreso local se dará acompañamiento para su aprobación. Con estas medidas, el gobierno capitalino busca avanzar hacia una ciudad donde las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo.
El gobernador Rubén Rocha Moya respaldó la iniciativa federal que busca homologar leyes contra el acoso y la violencia sexual en todo el país.
En el marco del Día para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el gobernador Rubén Rocha Moya participó en un enlace nacional con la Mañaneradel Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde los 32 mandatarios estatales se adhirieron al “Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres”. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal, busca combatir la violencia de género y promover el bienestar de mujeres y niñas.
Acompañado de la Secretaria de las Mujeres, Ana Chiquete Elizalde, y la diputada Karla Ulloa, presidenta de la Comisión de Género en el Congreso local, Rocha destacó el compromiso de Sinaloa con la homologación de leyes en materia de acoso, abuso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.
“Desde Sinaloa nos unimos de manera comprometida con todas las acciones diseñadas por el gobierno federal y la Secretaría de las Mujeres, para poner fin a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes”, afirmó el mandatario estatal, resaltando la colaboración entre autoridades, legisladoras y organizaciones de la sociedad civil.
El acuerdo, liderado por Citlalli Hernández Mora, secretaria federal de las Mujeres, contempla campañas de sensibilización, planes integrales contra el abuso sexual y acciones para fomentar una cultura de respeto e igualdad. Se trata de un esfuerzo conjunto de los gobiernos estatales y federal que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, centrados en la igualdad sustantiva y la no discriminación.
Con la adhesión de Sinaloa, se refuerza el compromiso nacional por proteger, empoderar y garantizar los derechos de las mujeres en México, fortaleciendo la coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad civil.
El gobierno federal presentó avances clave: homologación del delito de abuso sexual en 32 estados y campaña de 16 días para erradicar la violencia, con énfasis en la participación de hombres como aliados.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó los avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual, destacando la homologación del tipo penal en los 32 estados del país.
La funcionaria explicó que se ha modificado el artículo 260 del Código Penal Federal para ampliar la definición del delito, estableciendo penas de 3 a 7 años de prisión y multas de 200 a 500 UMAs, así como la obligatoriedad de talleres de concientización para quienes incurran en estas conductas.
Actualmente, 22 entidades ya cuentan con iniciativas inscritas y en 10 más se presentan hoy. Hernández precisó que se tipifica como acoso sexual cualquier acto de tocamiento, caricia o exhibición sexual, tanto en espacios públicos como privados, y que el delito será perseguido de oficio, reforzando de esta manera la protección de las mujeres y la obligación de las autoridades de actuar ante cada denuncia.
El plan incluye una campaña de 16 días de activismo, con actividades comunitarias, materiales audiovisuales y difusión de mensajes institucionales, orientados a sensibilizar sobre la violencia de género y fortalecer la participación ciudadana. Se enfatiza que la lucha contra la violencia no es contra los hombres, sino contra el machismo, e invita a ellos a convertirse en aliados, promoviendo respeto, empatía y corresponsabilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la iniciativa, señalando que todas las y los gobernadores firmarán un compromiso en favor de las mujeres, garantizando homologación de leyes y promoviendo una cultura de cero impunidad.
Además, recordó que el 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y el 49.7% ha enfrentado abuso sexual, mientras que el 22% de las usuarias de internet han sido víctimas de ciberacoso, destacando la urgencia de las acciones anunciadas.
El Plan Integral busca transformar la realidad cultural y social del país, reforzando la educación, la concientización y la prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres, con la colaboración de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
Andrew Paul Johnson, de 44 años y beneficiario de un indulto de Donald Trump por su participación en el asalto al Capitolio, fue arrestado en Florida por múltiples cargos de abuso sexual infantil: abuso lascivo contra menores, exhibición lasciva y transmisión de material dañino para menores. Johnson permanece detenido y se declaró inocente. Su caso se suma a otros indultados que enfrentan nuevas acusaciones criminales.
Andrew Paul Johnson, uno de los manifestantes del 6 de enero de 2021 indultados este año por el presidente Donald Trump, fue arrestado en Florida por múltiples cargos de abuso sexual infantil, informó The Guardian. Inicialmente detenido en Tennessee, fue extraditado a Florida, donde enfrenta acusaciones de abuso lascivo contra un menor de 12 años, abuso lascivo contra un menor de entre 12 y 16 años, exhibición lasciva y transmisión de material perjudicial para menores. Actualmente se encuentra recluido en el centro de detención del condado de Hernando, en Spring Hill. Los cargos fueron reportados primero por The Intercept.
De acuerdo con la declaración jurada, la oficina del sheriff del condado recibió en julio un reporte sobre presuntos abusos cometidos durante varios meses contra dos menores. La madre de uno de ellos denunció que Johnson —su ex pareja— enviaba mensajes “inapropiados” a su hijo a través de Discord. El menor relató que Johnson lo agredió sexualmente en tres ocasiones entre abril y octubre de 2024, cuando tenía 11 años.
El documento agrega que Johnson presumió ante el niño haber sido indultado por Trump por su participación en el asalto al Capitolio y que recibiría “10 millones de dólares” por ser un “participante del 6 de enero”, presuntamente como método para intimidar al menor y evitar que denunciara los abusos. Johnson se declaró inocente de los cargos.
Johnson fue uno de los aproximadamente 1,500 acusados por los disturbios del Capitolio que recibieron indultos o conmutaciones este año. Según archivos del FBI, entró ilegalmente al edificio por una ventana rota, fue arrestado esa misma noche por violar el toque de queda y más tarde se declaró culpable de varios cargos, incluidos allanamiento, desorden público y entrada violenta.
Su caso se suma a otros recientes de indultados por Trump arrestados por nuevos delitos, que incluyen amenazas contra legisladores, vandalismo y planes de ataques contra oficinas federales.
La estrategia busca Homologar las leyes para combatir el acoso tras el incidente que sufrió la presidenta en la calle.
La Secretaría de las Mujeres, liderada por Citlalli Hernández, presentó un plan integral para atacar el abuso sexual. La propuesta surge después de que Claudia Sheinbaum denunciara el acoso que sufrió recientemente en la calle.
Hernández definió el abuso sexual como cualquier acto sexual sin consentimiento, incluyendo manoseos y tocamientos obscenos. Además, explicó que algunos agravantes implican el uso de violencia y que la víctima sea menor de edad. En México, este delito se castiga con hasta diez años de prisión.
El gobierno federal planea reunirse con legisladores el 13 de noviembre. Su objetivo es revisar las leyes sobre el abuso sexual en el país y lograr su homologación. La secretaria subrayó que no todas las entidades federativas tipifican este delito de la misma manera. En 19 estados, hay avances significativos, mientras que en cuatro se tipifica, pero no como abuso sexual.
“Queremos lograr que el abuso sexual se considere un delito grave en todo el país”, señaló Hernández. Además, buscan simplificar el proceso de denuncia y aumentar las medidas de protección para las víctimas, como la imprescriptibilidad del delito y la reparación integral.
Hernández hizo un llamado a los hombres para que se unan a la lucha contra la violencia de género. “Es importante reflexionar sobre la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas entre hombres y mujeres”, afirmó.
El 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentarán los avances del plan. La meta es impulsar las denuncias y cambiar la situación de millones de mujeres que enfrentan violencia en su vida diaria.
