Es público y notorio como se suele decir en el lenguaje argumentativo jurídico, que en los años que lleva siendo gobierno este movimiento transformador encabezado por el máximo líder liberal de las últimas décadas, Andrés Manuel López Obrador, se han dejado descubiertos algunos frentes y no por falta de voluntad de la Cuarta Transformación en erradicarlos, sino porque prevalece el andamiaje construido por décadas de dominio conservador y múltiples instituciones del Estado, en donde aún cohabitan y defienden intereses de grupo, ajenos al interés general, un sinnúmero importante de malos servidores públicos.
En esta ocasión me referiré, con conocimiento de causa, a una institución del Estado mexicano, creada en ese sexenio tan desastroso como lo fue el correspondiente a Carlos Salinas de Gortari y que fue consecuencia de aquella reforma constitucional que sufrió en el año del 92 el Artículo 27 de nuestra Carta Magna, y que en la teoría tiene una finalidad muy distinta a la que cada día se materializa en la mala práctica de estos Tribunales de naturaleza administrativa. A una institución que diariamente lejos de administrar justicia, especula con ella y administra poderosos intereses de distintos actores con poder económico y que someten la justicia agraria a sus inconfesables negocios al amparo del poder y del descarado tráfico de influencias; me estoy refiriendo a los Tribunales Agrarios, el Superior que es un órgano colegiado representado por 5 magistrados y sus corresponsales en cada uno de los estados de la República, y que son denominados Tribunales Unitarios Agrarios por ser estos presididos por un magistrado.
En fechas recientes y derivado de un asunto por conflicto de posesión de tierras entre una adulta mayor y el Ejido de San Mateo Tlaltenango en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, que se ventiló por corresponderle en jurisdicción al Tribunal Unitario Agrario número 08 en la misma Ciudad, presidido éste por el C. Licenciado Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, persona que por cierto se presume en la página de los Tribunales Agrarios (https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?page_id=6517) como “DOCTOR”, siendo que éste mismo juzgador no posee el grado de Doctor en Derecho, sin embargo, se ostenta con ese grado creando una realidad distorsionada, a raíz de este litigio se pudo observar la punta de un iceberg plagado de corruptelas, sentencias y resoluciones a modo que dejan entre ver que la justicia agraria en nuestro país es un pendiente que el titular del poder ejecutivo debe atender con rapidez por ser ésta una condición para incluso llevar a cabo la transformación de gran calado que se ha propuesto el movimiento regenerador.
Es evidente que estos malos servidores públicos se han enriquecido por sentencias y fallos que han concedido muchas de las veces a favor de la injusticia, legalizando el despojo, para hacerse de tierras, de posesionarse de las mismas, para que grupos de ejidatarios con intereses contrarios a la vocación de sus tierras y comprados por el poder económico, como es ese caso particular en esa alcaldía Cuajimalpa, donde cada vez más ganan terreno desarrollos inmobiliarios sobre todo en lo que ahora es la zona cotizada en millones de dólares, conocida como Santa Fe.
Es de resaltarse que coincidentemente las ejecuciones de resoluciones judiciales de lanzamiento hacia varios poseedores de buena fe que hace años llegaron con la anuencia de los propios ejidatarios, específicamente de ese poblado San Mateo Tlaltenango, por el que pasara incluso el nuevo tren México-Toluca, el día de hoy sea uno de los que tienen la mayor celeridad en resolver y son impulsados procesalmente incluso desde el propio interior de la autoridad que los ejecuta, convirtiéndose así en abogados oficiosos del propio Ejido porque muy seguramente las derramas y beneficios salpican de corrupción y de dinero a muchos funcionarios coludidos al interior de esos Tribunales Unitarios y del Superior.
El Presidente López Obrador lo ha mencionado más de una vez en sus conferencias matutinas, la justicia agraria es uno de sus pendientes, así como esos Tribunales que eran acaparadores de grandes partidas presupuestales, y para sanear de corrupción esos organismos de manufactura priísta y remodelado panista deben ser disueltas a la brevedad. Más allá de eso, investigar la ruta del dinero y la Función Pública debe realizar evoluciones patrimoniales detalladas a funcionarios y juzgadores de estos Tribunales Agrarios.
No es ajeno que muchas otras resoluciones en materia agraria y de conflictos de tierras se han dictado por esos nefastos juzgadores, muchos de ellos amigos íntimos de la vieja guardia del PRI, uno de sus pioneros, el jurista Sergio García Ramírez, la hoy presidenta del Tribunal Superior Agrario, amiga cercana de Diego Fernández de Cevallos, uno de sus más frecuentes beneficiarios.
En fin, es un tema pendiente en la agenda de la Cuarta Transformación y uno de los retos más relevantes a los que habrá que ir entrándole.
No desaprovecho la oportunidad para agradecer este ejercicio de comunicación impulsado por mexicanos ejemplares como Hans Salazar y el equipo de #LosReporterosMx, sin duda, es una lucha que debe darse para romper el monopolio de la palabra que los medios tradicionales pretenden imponer.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
