El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este martes al economista Darío Celis, quien aseguró que Germán Larrea, dueño de Grupo México, habría desistido de comprar Banamex a CitiGroup por 7 mil millones de dólares, luego de que el gobierno de México recuperara las vías de Ferrosur.
“Entonces tomamos esa decisión e hicieron todo un escándalo, se rajaron la vestidura, atentado a la propiedad privada, ahora así ya apareció la verdadera política”.
AMLO
AMLO desmintió que haya algún tipo de roce con Grupo México y reiteró que las negociaciones de la minera siguen en pie con la empresa banquera con sede en los Estados Unidos.
“Pero yo hasta me alegré, porque si no lo va a comprar el hay una posibilidad de crear una asociación público privada”, explicó el mandatario, quien no descarta que el Gobierno de México adquiera parte del banco.
Agregó que la decisión podŕia beneficiar a los trabajadores de la empresa para que no sean despedidos y se les proteja, además de que se dejaría abierta la posibilidad de que el pueblo mexicano invierta en un Banamex propiedad del Estado .
Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la tarde de ayer invalidó en su totalidad el decreto que publicó en 2021 para declarar las megaobras de la Cuarta Transformación como de seguridad nacional e interés público.
AMLO declaró que como se dice coloquialmente “a la SCJN ya la perdimos”, en relación a que el máximo tribunal responde solo a los intereses de una pequeña élite de potentados y no a favor de las y los mexicanos. Igualmente consideró que la SCJN está divorciada del pueblo y de las necesidades de la mayoría de los pobladores.
Sobre el mismo tema, el líder del Ejecutivo federal evidenció la existencia de una red de abogados que tienen relaciones de poder por el Poder Judicial y se dedican además al tráfico de influencias.
AMLO explicó que tales abogados formarían parte de una asociación que ha promovido una serie de amparos en contra de las megaobras de la 4T, como los el AIFA, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.
“Todos los amparos a las obras se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Existe una asociación de abogados que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del Felipe Ángeles”.
AMLO
El primer mandatario mencionó que entre los juristas que conforman la mencionada agrupación están personajes como el ex ministro José Ramón Cossío; Fernando Gómez-Mont Urueta, ex secretario de gobernación de Felipe Calderón y los abogados Miguel Carbonell y Gerardo Carrasco. Asimismo, señaló a la asociación Litigio Estrategia y la acusó de estar vinculada con el magnate Claudio X. González.
Este martes la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez Amaya se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para informar sobre el avance de la campaña “Si te drogas te dañas”, la cual ya se aplica en el 95 por ciento de las escuelas secundarías y de nivel medio superior del país.
En cuanto a los impresos, se han entregado 10 millones de ejemplares para docentes, sumado a que la SEP creó también una guía de prevención para los padres de familia.
La titular de la SEP también presentó un nuevo vídeo de la campaña “Si te drogas te dañas”, además de que en el micrositio estrategiaenelaula.sep.gob.mx, está disponible todo el material para su descarga y consulta gratuita.
Sobre la estrategia en el aula, al momento 927 mil personas han visitado el micrositio de la SEP, mientras que la campaña de televisión ha llegado a 9.8 millones de personas y a 5 millones 700 mil usuarios de redes sociales.
La tarde de este lunes 22 de mayo el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde detalla que se expropiarán terrenos privados ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlapan en el Estado de México, con el fin de ampliar el Tren Suburbano.
Dicho mandato señala que se expropia por “causa de utilidad pública” una superficie en favor de la federación, con el propósito de llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 de la Línea 1 del Tren Suburbano.
“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso decretar la expropiación de la superficie para llevar a cabo la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 3, 4 y 6 del Tren Suburbano, y garantizar la conectividad desde y hacia el Aeropuerto Internacional Civil y Militar”, indica.
“La Secretaría procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de la expropiación. La interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación”.
Finalmente, el decreto precisa será la SICT quien se encargará de cubrir, con su presupuesto autorizado, el monto de la indemnización que corresponda, siguiendo los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Morena CDMX solicitó al alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina,transparentar la información relacionada con 130 inmuebles relacionados al Cártel Inmobiliario en la demarcación
“Si nada debe, a qué le teme Taboada al reservar la información relacionada con inmuebles que exceden niveles permitidos”, expresó el partido guinda.
Asimismo, dijeron que debido a la relevancia del caso y por ser de interés público, el alcalde está obligado a dar a conocer el uso y ocupación de cada uno de los edificios, así como quién entregó el Aviso de Terminación de Obra, y el Acuerdo de Regularización de Construcción.
“El edil, por un lado defiende al INAI y por el otro esconde las pruebas del Cártel Inmobiliario en Benito Juárez”, dijo el en un comunidado.
En este mismo contexto, expresaron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) identificó que en 130 propiedades se construyeron de forma ilegal 264 pisos, lo cual generó ganancias al Cártel Inmobiliario por más de 7 mil millones de pesos.
“Las viviendas se edificaron entre 2008 y 2022, durante las administraciones de Jorge Romero Herrera, Christian Von Roehrich y Santiago Taboada; por estos hechos hay una investigación penal y administrativa”, dieron a conocer.
Por estos hechos, Morena aseguró que si de verdad se construyeron como lo marca la ley y no hay ninguna irregularidad, Taboada no tendría que reservar dicha información pues el que nada debe, nada teme.
Los morenistas también cuestionaron al panista ya que por un lado defiende la transparencia el proceso de selección de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero por el otro esconde las pruebas del Cártel Inmobiliario en Benito Juárez.
“Con esto, Santiago Taboada sólo demuestra que es candil de la calle y oscuridad de su casa; es hora de que él y todos los que integran el grupo delictivo -que se ha hecho rico a costa de la tranquilidad de cientos de familias que viven en la incertidumbre por su patrimonio- den la cara”, enfatizaron.
Por último, aseguraron que la Fiscalía ha presentado pruebas solidas que dan cuenta de la corrupción que existe en más de una década en la Benito Juárez y por la cual hoy en día están varios exservidores públicos que robaron impunemente.
“No se puede seguir escondiendo la verdad, los habitantes de Benito Juárez tienen derecho a conocer todo lo que el Cártel Inmobiliario ha hecho en la demarcación y que les ha generado -entre otras cosas- problemas de falta de agua y movilidad”, concluyeron.
El gobierno federal informó al Congreso de la Unión, que en 2022 la presidencia de la República fue 89.1% menos costosa que con el ex presidente priista Enrique Peña Nieto.
En 2018, las operaciones de EPN implicaron un total de tres mil 618 millones de pesos y el año pasado de la actual administración fue de 490 millones de pesos.
Esto mismo ocurre con la Secretaría de Gobernación,fue 85.8% menos costosa que durante el gobierno del priista, de acuerdo con los reportes de austeridad que la administración pública federal entregó al Poder Legislativo.
En este reporte, se señala que la presidencia de la República, a lo largo del sexenio, no contrató a su personal por medio de honorarios o eventuales, además, se priorizó el ahorra en la adquisición de insumos y materiales, y como de todos los servicios generales necesarios para la operación de la oficina.
“Para la contratación de bienes y servicios se ponderó la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, para garantizar un ahorro en los mismos, se hizo uso racional de los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable”, precisa el informe entregado al Congreso de la Unión, vía su Comisión Permanente.
Asimismo, este documento documentó que no se arrendaron vehículos y tampoco se contrataron choferes como en la administración pasad y se continuó con el programa de mantenimiento preventivo de los bienes, tanto muebles como inmuebles.
“No se arrendaron vehículos ni se asignaron choferes; no se ejerció presupuesto en la difusión de propaganda y publicidad oficial, se continuó con el programa de mantenimiento correctivo y/o preventivo de los bienes muebles e inmuebles administrados y/o propiedad de la Oficina, a fin de maximizar la operación de los mismos para, de esa forma no, adquirir o arrendar otros bienes muebles”.
En el cuadro, con el cual acompañan el reporte, se puede observar que los 490.9 millones de pesos con los cuales trabajó la Presidencia de la República en 2022 es 89.1% menor al que se ejerció en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto; 42% inferior respecto de 2019, primer año de este gobierno; está 16.7% por debajo del presupuesto ejercido en el año 2020 y es 10.9% menor al que se usó en 2021, precisa.
Explica que existe “una tendencia de gasto a la baja año tras año y es el resultado de la cabal aplicación de las medidas de austeridad republicana que busca hacer más con menos, sin dejar de lado un elevado nivel de atención a las funciones encomendadas”.
Aclara que esta disminución “no ha sido impedimento para que el cumplimiento de las actividades y funciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la Oficina de la Presidencia de la República, así como su reglamento interno, lo cual refleja importantes ahorros en los recursos públicos asignados. Lo anterior, haciendo un uso eficaz de las asignaciones presupuestarias”.
El Juez Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los más conservadores del país y abiertamente en contra de la Cuarta Transformación, ha revelado ante un grupo de empresarios, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya alista para atender las demandas de empresas privadas que quieren echar atrás la Ley de Industria Eléctrica (LIE).
Cabe mencionar que la LIE podría quedar sin efecto debido a que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, se prepara para atender y dar referencia a los intereses de particulares antes que a los intereses de la nación y el pueblo.
Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la LIE a todos los privados que así lo pidieron y además de que perdonó una deuda de mil millones de pesos a la firma de energía española, Iberdrola.
En opinión del juez, a menos de que haya habido cambios de postura entre los ministros de la Corte, sería relativamente fácil echar para atrás la reforma con la que AMLO busca fortalecer la industria eléctrica del país, y consideró que entre los jueces que votarían a favor estarían: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat, Jorge Mario Rebolledo, Luis María Aguilar, Javier Laynez Potisek y por supuesto la Presidenta de la Corte, Norma Piña.
Pese a que en abril del año pasado la Corte falló a favor de la constitucionalidad de la LIE, ésta no ha podido ponerse completamente en marcha debido a los amparos que ha entregado el Poder Judicial, principalmente por Gómez Fierro.
Finalmente el juez conservador trató de justificar su actuar, señalando que sus decisiones “tienen una dimensión social” ya que dice, defender los derechos de la libre competencia y concurrencia.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró algunas de las dudas sobre la toma temporal de las instalaciones de Ferromex por parte de elementos de la Secretaría de Marina, luego de la publicación de un decreto presidencial.
AMLO mencionó que la toma de las instalaciones se debe a que se buscará acelerar las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de que así se garantizará que no se privaticen esas obras en un futuro, buscando que haya justicia para las nuevas generaciones.
Sobre el mismo tema, el líder del Ejecutivo federal explicó que se mantenían negociaciones entre la empresa y el gobierno, sin embargo los privados dejaron de comunicarse, al punto que le dejaron de contestar el teléfono al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
“Se está buscando que se avance más y se integre toda la región. (…) Es unir desde el Istmo hasta la Península de Yucatán y no queremos que en el futuro se privatice todo lo que se está haciendo”, explicó el primer mandatario ante cuestionamientos de la presunta “expropiación”.
“Decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria”.
AMLO
AMLO mencionó que Germán Larrea, dueño de Grupo México y Ferrosur le propuso al Gobierno de México que le pagaran la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos por devolver la concesión de las vía del tren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, aún cuando los dueños de los tramos es el Estado. por lo que mencionó que se hará un avalúo y se pagará una indemnización.
Este lunes 22 de mayo, Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), en la conferencia matutina dio a conocer que el Tramo 1 del Tren Maya consistirá en 226 kilómetros que cruzará a través de siete municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche.
De estos 226 kilómetros, hasta el momento, 127 ya tienen las vías terminadas; el 86 por ciento de los ductos están concluidos; el 82 por ciento de los puentes están listos, el 93 por ciento de las 418 obras de drenaje se han realizado; el 85 por ciento del Catvi Palenque está listo y el 72 por ciento del Boulevard.
En este mismo contexto, el titular de Fonatur, destacó que el Tren Maya “generará desarrollo con justicia y permitirá apreciar la riqueza arqueológica, la belleza natural y la grandeza humana del sureste mexicano”.
Salvamento arqueológico
Por otra parte, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó que se han rescatado más de 2 mil bienes inmuebles, además de 200 bienes muebles y 270 mil 347 tiestos cerámicos analizados.
#ConferenciaPresidente | En el tramo 1 del @TrenMayaMX, el trabajo de salvamento arqueológico ha resguardado Uxmal, que albergó a cerca de 20 mil habitantes . Desde 1996 fue reconocida por la @UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad pic.twitter.com/ssnpYt2glu
Durante su conferencia matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fase 3 del semáforo amarillo debido a la reciente actividada que ha tenido el Popocatépetl, que ha generador la caída de cenizas en varias áreas del estado de Puebla y entidades aledañas.
El primer mandatario también mencionó que se estableció una comisión de expertos para trabajar en torno a la emergencia que se pudiera generar y proteger la vida de las y los ciudadanos.
AMLO dijo que en estas acciones participan los gobiernos estatales, las Fuerzas Armadas de México, así como Protección Civil, y el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
El líder del Ejecutivo federal agregó que hay vigilancia las 24 horas sobre el volcán para determinar cómo avanza su actividad, por lo que le pidió a la población mantener la calma, ya que también hay labores preventivas en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.
“Hoy va a hacer una recorrido por la zona, va a estar por Puebla el general Sandoval”, mencionó el presidente López Obrador y agregó que la Sedena tiene más de siete mil elementos preparados para atender algún tipo de emergencia.
Informó que se están analizando la instalación de albergues, la posibilidad de reparar caminos y las rutas de evacuación que se seguirían en caso de que hubiera una erupción.
