El paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que ha generado controversia, no está vinculado a un conflicto laboral, según lo afirmó la ministra Lenia Batres. En una declaración contundente, la ministra aclaró que este movimiento no surge de violaciones a los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, ni se demanda el cumplimiento de alguna prestación laboral.
Batres subrayó que el verdadero propósito de la movilización es detener la posible reforma constitucional que el Congreso de la Unión y los congresos locales, en su rol de “constituyente permanente”, podrían llevar a cabo para modificar la estructura y funciones del Poder Judicial. La ministra enfatizó que la protesta está dirigida a influir en decisiones legislativas que podrían alterar de manera positiva la administración de justicia en el país.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado a sus agremiados en el que advierte sobre las posibles consecuencias de participar en esta suspensión de labores. Según el documento, el sindicato recomienda a aquellos que no estén de acuerdo con la medida, abstenerse de participar para evitar sanciones por parte de la autoridad patronal.
El comunicado también ofrece apoyo legal y orientación a los trabajadores que, aunque no deseen participar en el paro, se vean obligados a cubrir jornadas adicionales o a realizar guardias bajo amenaza de descuentos salariales. Se les insta a comunicar su situación al sindicato para recibir la asesoría correspondiente.
En conclusión, la ministra Batres calificó el paro como un acto de naturaleza política, dejando claro que no tiene relación alguna con un conflicto laboral. Este señalamiento pone de relieve las tensiones actuales entre el Poder Judicial y los legisladores, en un contexto donde el futuro de la justicia en México podría verse profundamente afectado por decisiones constitucionales.
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