En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mayoría de los organismos autónomos creados durante el periodo neoliberal fueron diseñados para “proteger intereses de particulares, no para proteger los intereses públicos”. El mandatario criticó que estas instituciones “debilitaron las instituciones públicas” al haberse constituido como “otro Gobierno”, que según él, obstruyen la toma de decisiones del Ejecutivo.
López Obrador ejemplificó su frustración mencionando que el Poder Ejecutivo actualmente no puede decidir sobre las comunicaciones en el país sin la aprobación de organismos autónomos. “Tengo que pedir permiso al organismo autónomo que crearon para ese propósito”, dijo el presidente, refiriéndose a la creación de estos entes regulatorios. En particular, denunció que no se le ha permitido establecer internet público gratuito bajo el argumento de que crearía un monopolio estatal que generaría competencia desleal con las empresas privadas.
“Nos dieron permiso para internet solo en las zonas donde no hay presencia de empresas de comunicación, en las zonas más pobres”, explicó el mandatario, reiterando su crítica a cómo estos organismos autónomos limitan las decisiones del Gobierno.
Reforma para eliminar 7 organismos autónomos neoliberales
El pasado agosto, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de siete organismos autónomos como parte de un paquete de reformas propuestas por el presidente López Obrador. A continuación, los organismos que desaparecerían y cuyas funciones se integrarían a distintas secretarías del Gobierno Federal:
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
La COFECE, encargada de promover la competencia económica y evitar prácticas monopólicas, vería sus atribuciones transferidas a la Secretaría de Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Este órgano que regula las telecomunicaciones y radiodifusión en México, pasaría sus funciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): El INAI, encargado de garantizar el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, cedería sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial. La transparencia de los partidos políticos quedaría bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE).
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): El CONEVAL, que genera información técnica sobre la política social y la medición de la pobreza en México, vería sus responsabilidades absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Comisión Reguladora de Energía (CRE): La CRE, que regula las actividades del sector energético, transferiría sus funciones a la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): La CNH, encargada de la exploración y extracción de hidrocarburos, también pasaría sus funciones a la Secretaría de Energía, centralizando aún más las decisiones del sector energético.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU): Finalmente, la MEJOREDU, dedicada a la evaluación y mejora del sistema educativo, tendría sus funciones absorbidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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