La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, ha decidido emprender acciones legales luego de ser víctima de violencia de género. A través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Chávez denunció que ha sido acosada por colaboradores de un medio de comunicación nacional, quienes han utilizado su imagen para degradarla. El caso que desató la decisión de la senadora involucra a Antonio Garci Nieto, un caricaturista que manipuló digitalmente una imagen de la legisladora, superponiendo su rostro en el cuerpo semidesnudo de otra mujer, creando una fotografía de contenido erótico.
A pesar de que había decido no denuncia, la senadora más jóven anunció su cambio de parecer, ya que este acto es una clara violación a la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas que buscan castigar la violencia digital y la violación a la intimidad sexual a través de medios tecnológicos. Dicha ley, que debe su nombre a la activista Olimpia Coral, tipifica como delito la difusión no autorizada de contenido sexual íntimo, tanto real como alterado, lo que abarca también el uso de herramientas como la inteligencia artificial para manipular imágenes. Chávez subrayó que este tipo de agresiones no solo afectan su intimidad, sino que perpetúan la violencia machista contra las mujeres.
“Como saben, ayer manifesté mi decisión de no denunciar por la vía judicial a este personaje. Sin embargo, tras conversar con muchas compañeras, escuchando la preocupación y la exigencia mayoritaria de hombres y mujeres de buena voluntad que consideran importante sentar un precedente jurídico para que esto no vuelva a ocurrir, he decidido reconsiderar mi decisión y denunciar por la vía legal a este violento personaje… no puedo permitir que en este tiempo de mujeres tan solo una de ellas deje de interesarse en participar en la vida pública por culpa de la violencia machista.”, señaló
Cambio de decisión: del silencio a la denuncia
Inicialmente, la senadora había optado por no proceder legalmente. Sin embargo, la cantidad de mensajes de apoyo y la preocupación expresada por mujeres que ven en ella un referente político, la hicieron cambiar de opinión. Chávez relató que una joven la contactó con un mensaje que fue clave para su decisión: “Si te violentan a ti y les sale gratis, ¿qué nos espera a las demás?”. Conmovida por este y otros mensajes, la legisladora concluyó que debía sentar un precedente jurídico para evitar que estas agresiones continúen impunes.
Chávez, siendo la senadora más joven de México, destacó que su lucha no es solo por ella, sino por las miles de mujeres que han confiado en su labor, especialmente aquellas de Ciudad Juárez, una ciudad marcada por la violencia de género. En su declaración, la senadora también arremetió contra el caricaturista Garci Nieto, quien no solo se negó a disculparse, sino que se jactó de su acción, lo que la impulsó aún más a tomar la vía legal. Chávez enfatizó que no puede permitir que este tipo de conductas continúen afectando a mujeres interesadas en participar en la vida pública, ya que esto puede disuadirlas de hacerlo por miedo a ser violentadas.
Reacciones de apoyo y exigencias de justicia
El caso de Andrea Chávez ha generado una gran cantidad de reacciones en redes sociales. Olimpia Coral, la activista que da nombre a la ley, expresó su respaldo a la senadora a través de X, recordando que la Ley Olimpia contempla sanciones para quienes difundan o alteren imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona afectada, ya sea mediante inteligencia artificial o cualquier otro medio.
¿Qué implica la Ley Olimpia?
La Ley Olimpia surgió tras la difusión no consentida de un video íntimo de Olimpia Coral, quien entonces decidió luchar para que la ciberviolencia fuera reconocida como un delito. Esta ley ha sido replicada en todas las entidades federativas de México y protege a las víctimas de violencia digital, castigando la distribución de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sin el permiso de la persona involucrada.
En este sentido, la denuncia de Andrea Chávez bajo la Ley Olimpia marca un paso importante en la visibilización y sanción de la violencia de género que se ejerce a través de plataformas digitales, y su acción legal podría establecer un importante precedente en la lucha contra la ciberviolencia y la violencia machista.
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