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  • Noroña presenta a candidatos para el Comité Técnico de Evaluación en elección de jueces y magistrados

    Noroña presenta a candidatos para el Comité Técnico de Evaluación en elección de jueces y magistrados

    En su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña anunció hoy los perfiles seleccionados para integrar el Comité Técnico de Evaluación del Poder Legislativo, el cual supervisará el proceso de elección de jueces y magistrados en 2025. Destacó la amplia trayectoria y el compromiso institucional de los cinco perfiles elegidos, que consideran tanto experiencia jurídica como transparencia en la gestión pública.

    Entre los seleccionados se encuentra Concepción Méndez de Lara, licenciada en Derecho por la Universidad de Donoés, Zacatecas, con una maestría en Medicina y un doctorado en la Escuela del Poder Judicial. Ana Patricia Vicencio Torres, actualmente presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y experta en derecho electoral, también fue nombrada, junto con Andrés Norberto García, exalcalde de Aguanas Capuzar y jurista con experiencia en el Comité Técnico de Evaluación de los Consejeros del INE en 2003.

    El Comité también contará con la experiencia de María Gabriela Sánchez García, magistrada en retiro y especialista en derecho judicial, y Madai Merino Tamián, secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Tabasco, con maestría en Derecho por el Instituto de Hacienda. Fernández Noroña aseguró que estos perfiles garantizarán una elección transparente y apegada a derecho.

    Ministros buscan “renuncia tramposa” para asegurar haberes de retiro, acusa Fernández Noroña

    Además de presentar a los integrantes del Comité, Fernández Noroña lanzó una advertencia al Poder Judicial y, en particular, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señaló que la reciente ola de renuncias anticipadas anunciada por ocho ministros, efectivas a partir de agosto de 2025, podría estar motivada por el interés de asegurar los haberes de retiro. “El Poder Judicial está en una franca provocación, con desobediencia absoluta al marco constitucional. Están a un paso de llevar al país a una crisis constitucional de gran gravedad,” advirtió.

    Fernández Noroña subrayó que el Senado podría rechazar las renuncias de los ministros, lo cual los dejaría sin el derecho a recibir sus haberes de retiro al final de sus mandatos. El legislador además criticó el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende invalidar parte de la reforma judicial recientemente aprobada, calificándolo como una clara señal de rebeldía de la SCJN.

    Aunado a esto, el presidente del Senado informó que 217 integrantes del Poder Judicial han solicitado su renuncia y han declinado participar en el proceso de elección judicial programado para el próximo 1 de junio de 2025, lo que Fernández Noroña considera un acto de “resistencia” ante la Cuarta Transformación.

    Por otro lado, el senador descartó la posibilidad de iniciar juicios políticos contra los ministros en caso de que continúen oponiéndose a la reforma, citando que en la Cámara de Diputados existen ya 510 expedientes pendientes de resolución en este sentido. “No es el camino,” señaló, enfatizando que el Legislativo seguirá enfocado en el proceso de selección de impartidores de justicia y en garantizar un sistema judicial fuerte y confiable.

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  • Magistrados y jueces confirman en su intento de “mañanera” que 8 ministros de la Suprema Corte ya alistan sus renuncias

    Magistrados y jueces confirman en su intento de “mañanera” que 8 ministros de la Suprema Corte ya alistan sus renuncias

    Hace unos momentos se confirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gutiérrez Ortiz Mena, presentó al Senado de la República su carta de renuncia al que debería ser el máximo tribunal de justicia del país, confirmando con ello que no desea participar en el proceso democrático judicial que se celebrará el año entrante.

    Ahora, magistrados federales confirmaron la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. La decisión fue anunciada durante el intento de réplica de la “mañanera” que realizan desde hace un par de días, donde también se indicó que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán planean dimitir en protesta por la promulgada Reforma al Poder Judicial.

    Según las declaraciones de los magistrados, “esta decisión, más que ahondar en la crisis, pretende poner fin a la crisis constitucional que vive el país”. Se espera que las renuncias se formalicen y sean efectivas hasta el 31 de agosto de 2025, permitiendo que los ministros salientes no figuren en la boleta electoral de junio de ese año, cuando la ciudadanía podrá votar por jueces, magistrados y ministros del país.

    En cumplimiento de la ley, la fecha límite para que los ministros declinen su participación en el proceso electoral es el 30 de octubre de 2024. De acuerdo con el magistrado Juan José Olvera López, “en unas horas más se hará el evento público de la renuncia de los ocho ministros”. Sin embargo, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, recientemente adscritas a la Corte y conocidas por el pueblo por defender sus intereses, no dejarán sus cargos.

    Olvera López subrayó que la salida de los ministros busca despejar el camino para que “el pueblo decida” en el proceso de elección de 2025, insistiendo en que se trata de un acto de compromiso hacia la ciudadanía, “no estamos velando por nuestros intereses personales”. Asimismo, el magistrado resaltó la importancia de preservar los espacios judiciales ocupados por jueces locales y federales, quienes deben demostrar “capacitación a través de la carrera judicial”.

    Con la presentación de estas renuncias, los magistrados indicaron que la medida es “muestra de querer poner fin” a la crisis que enfrenta actualmente el Poder Judicial.

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  • A través de una carta y sabiendo que nunca sería electo por el pueblo, el ministro Ortíz Mena presenta su renuncia a la SCJN

    A través de una carta y sabiendo que nunca sería electo por el pueblo, el ministro Ortíz Mena presenta su renuncia a la SCJN

    El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decisión que notificó al Senado de la República a través de una carta donde expresó sus razones. La dimisión tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.

    En su carta, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que la reciente reforma constitucional, que acorta su mandato y abre la posibilidad de elegir a los ministros mediante voto popular, lo puso ante dos opciones: someterse al proceso de elección o presentar su renuncia. El ministro comentó que, aunque su trayectoria lo califica para la judicatura, no se considera adecuado para un cargo dependiente del apoyo popular.

    “He decidido presentar mi renuncia”, mencionó el ministro, indicando que lo hace en el plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma. Señaló que, aunque podría argumentar una causa grave para justificar una renuncia fuera del tiempo estipulado, no tiene dicha causa y respeta la norma. Aclaró también que hasta el 31 de agosto de 2025 continuará cumpliendo sus responsabilidades con integridad.

    La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena ocurre en medio de rumores sobre la salida de otros seis ministros de la SCJN: Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De confirmarse, sus dimisiones también surtirían efecto en agosto de 2025. La postura de los ministros ha sido renuente y de resistencia respecto a la reforma judicial que impulsa la elección por voto popular de los jueces y magistrados del país., que además busca sanear al máximo tribunal para el servicio del pueblo.

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    Ricardo Trevilla y el Fiscal Gertz Manero aseguran justicia y transparencia en operativos militares, sin impunidad en casos de derechos humanos
  • Ricardo Trevilla y el Fiscal Gertz Manero aseguran justicia y transparencia en operativos militares, sin impunidad en casos de derechos humanos

    Ricardo Trevilla y el Fiscal Gertz Manero aseguran justicia y transparencia en operativos militares, sin impunidad en casos de derechos humanos

    Durante la conferencia matutina del gobierno encabezada por Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Ricardo Trevilla, subrayó el firme compromiso de las fuerzas armadas con el respeto a los derechos humanos y la aplicación racional de la fuerza en sus operativos. Trevilla explicó que la SEDENA se encarga de dotar a sus elementos de la capacitación y recursos necesarios para que actúen siempre apegados a la ley, tanto en habilidades de intervención como en aspectos específicos sobre derechos humanos. “No hay impunidad cuando se cometen violaciones de derechos humanos”, puntualizó, dejando claro que los efectivos militares están capacitados para evitar excesos y para asistir a cualquier persona herida o detenida durante los operativos.

    Trevilla enfatizó que todas las órdenes al personal militar son entregadas por escrito, incluyendo instrucciones precisas sobre el respeto a la vida y la prohibición de abusar del uso de armas de fuego. Al actuar fuera de estas disposiciones, los elementos incurren en desobediencia militar, lo cual es considerado una falta grave.

    Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también participó en la conferencia para reafirmar la transparencia con la que se manejan los incidentes entre militares y civiles. Gertz Manero señaló que, en cada caso de enfrentamiento, sin excepción, se inicia una carpeta de investigación de manera inmediata. Además, detalló que no sólo se da inicio a una investigación civil, sino que el Ejército está obligado a realizar su propia indagación por cualquier delito militar.

    “En todos los casos, sin excepción, se abre una carpeta de investigación desde el momento en que se reporta un enfrentamiento“, destacó Gertz Manero. Añadió que varios militares han sido judicializados y se encuentran actualmente en prisión debido a irregularidades, asegurando que no hay casos de impunidad en este tipo de situaciones. Con estas medidas, el gobierno busca dar un mensaje de transparencia y compromiso hacia la justicia, reafirmando que el respeto a la ley es esencial para las instituciones de seguridad en México.

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    Gertz Manero confirma secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y pide a Estados Unidos datos claves para la investigación
  • Gertz Manero confirma secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y pide a Estados Unidos datos claves para la investigación

    Gertz Manero confirma secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y pide a Estados Unidos datos claves para la investigación

    En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró este martes que el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, por parte de Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y miembro de la facción conocida como ‘Los Chapitos’— ya ha sido comprobado. Aunque el caso avanza con solidez, Gertz Manero afirmó que aún se necesita información adicional del gobierno de Estados Unidos para completar las pesquisas, específicamente en relación con el avión y el piloto involucrados en la entrada de Zambada a suelo estadounidense.

    El fiscal relató que el secuestro tuvo lugar el pasado 25 de julio en Culiacán, Sinaloa, y que, de acuerdo con sus investigaciones, ‘El Mayo’ fue trasladado a través de un vuelo hacia una ciudad fronteriza en Estados Unidos. A pesar de contar con pruebas concluyentes del secuestro, Gertz Manero subrayó que aún faltan ciertos datos de las autoridades estadounidenses para esclarecer por completo el contexto del traslado.

    “Nos falta una parte de la información que ellos tienen. La entrada de cualquier avión y persona está reglamentada, y en este caso, el avión tenía matrículas clonadas. Queremos saber por qué el piloto no fue detenido y cómo ingresaron en esas condiciones“, cuestionó el fiscal. En este sentido, mencionó que la FGR ha solicitado estos datos como parte de una cooperación necesaria, ya que la normativa estadounidense obliga a registrar el ingreso de cualquier aeronave en sus aeropuertos.

    En la misma comparecencia, Gertz Manero explicó que la colaboración con Estados Unidos también es crucial para avanzar en otras investigaciones relacionadas, como el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector y figura política en Sinaloa, ocurrido en el mismo lugar donde Zambada fue retenido.

    Asímismo, el fiscal confirmó que, respecto a las investigaciones en contra del gobernador Rocha Moya, no hay elementos suficientes para proceder.

    Negociaciones de ‘Los Chapitos’ y posible acuerdo con autoridades de EE. UU.

    Por otro lado, la declaración de Gertz Manero revela un contexto aún más complejo: las negociaciones de Joaquín Guzmán López con autoridades estadounidenses, en las que, aparentemente, la entrega de Zambada habría sido parte de un acuerdo para reducir su condena y evitar la cadena perpetua, como la que enfrenta su padre. En estas negociaciones, Guzmán López estaría dispuesto incluso a cooperar como testigo en posibles juicios relacionados con su facción y su antiguo aliado Zambada, ahora considerado como uno de los últimos grandes líderes del cártel que nunca había sido encarcelado.

    Según el fiscal, el caso contra ‘Los Chapitos’ continúa en desarrollo, y en este contexto, los datos pendientes de Estados Unidos permitirían a la FGR sumar a sus investigaciones en torno al secuestro y traslado de Zambada. “Es información que sería útil y complementaria; sin embargo, lo fundamental para probar el delito ya lo tenemos”, concluyó Gertz Manero.

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    Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición
  • Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    En respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero, titular del programa Sin Máscaras, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus dudas sobre la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una decisión que podría tomarse el 29 de octubre. La presidenta sugirió que esta renuncia, de concretarse, respondería al interés de los ministros por asegurar sus haberes de retiro, un beneficio económico considerable contemplado en la normativa de la reciente reforma judicial.

    Sheinbaum explicó que, según el artículo séptimo transitorio de la reforma, quienes permanezcan en sus puestos hasta concluir el mandato y no participen en la elección extraordinaria de 2025, perderían el derecho a los haberes de retiro, salvo que renuncien antes de la fecha límite. “Si no presentan ahora su renuncia, ya no tendrían los haberes de retiro”, señaló, subrayando que este beneficio implica una suma considerable que los ministros podrían asegurar solo si deciden retirarse antes de tiempo.

    Además, la mandataria federal reiteró sus reservas sobre la acción de inconstitucionalidad que se ha promovido en torno a la elección de jueces y ministros. Según Sheinbaum, el recurso, impulsado por partidos de la oposición, no tendría validez, ya que quienes lo promovieron carecen de personalidad jurídica para impugnar la reforma. La presidenta subrayó que este tipo de acciones legales requieren representación legítima y, en su opinión, esta condición no se cumple en este caso.

    “Vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros y ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionales del Derecho saben que esta propuesta no es correcta”, indicó Sheinbaum, sugiriendo que la Corte tiene el conocimiento necesario para resolver adecuadamente el tema y desestimarlo de ser necesario.

    En cuanto al contexto del fallo, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá considera que algunas disposiciones de la reforma pueden vulnerar los principios de independencia judicial y división de poderes. Sin embargo, la propuesta se enfoca en invalidar la elección de jueces y magistrados, sin afectar la elección de ministros que está prevista para el 1 de junio de 2025.

    La posición de Sheinbaum refuerza el compromiso del Ejecutivo con la reforma judicial y deja en claro la importancia de preservar el proceso legislativo sin intervenciones externas que pudieran, según ella, distorsionar su propósito.

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    Marcela Figueroa resalta reducción de delitos y aumento en la confianza ciudadana en seguridad durante la Cuarta Transformación en México
  • Marcela Figueroa resalta reducción de delitos y aumento en la confianza ciudadana en seguridad durante la Cuarta Transformación en México

    Marcela Figueroa resalta reducción de delitos y aumento en la confianza ciudadana en seguridad durante la Cuarta Transformación en México

    Durante la conferencia de la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó alentadores resultados en la reducción de la incidencia delictiva. Según los datos expuestos, el país ha registrado una significativa baja en homicidios y delitos de alto impacto, así como un aumento en la percepción de seguridad entre la ciudadanía, lo cual refuerza el compromiso del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de seguridad y protección ciudadana.

    Entre los logros destacados por Figueroa, sobresale la reducción en el promedio diario de homicidios, que disminuyó un 13.4% entre 2019 y 2024, y un 25.3% desde 2019 hasta octubre de 2024. Octubre de 2024, según los datos, es el mes con menor número de homicidios dolosos en comparación con otros octubres desde 2017. Además, se observó una disminución del 18.09% en el promedio diario de víctimas de homicidio en comparación con los niveles de 2018. No obstante, se identificó que casi la mitad de estos crímenes se concentra en siete entidades: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León.

    En cuanto a los delitos de alto impacto, que incluyen feminicidios, secuestros y robos con violencia, el informe mostró una disminución del 35.23% en el promedio diario de incidencia entre 2019 y 2024. Septiembre de 2024 resultó ser el mes con menor número de delitos de este tipo desde 2015, con una baja destacable en delitos como el secuestro extorsivo, que cayó un 77.6%, y el robo a casa habitación, que disminuyó en un 57.3%.

    Marcela Figueroa también compartió una actualización sobre los delitos federales, los cuales tuvieron una reducción del 19.5% en promedio diario entre 2019 y 2024. Esto incluye bajas significativas en delitos fiscales (67.1%) y en los relacionados con la delincuencia organizada (40.9%).

    Finalmente, gracias a la 4T, hubo una mejora en la percepción de seguridad, con un descenso del 18.2% en la percepción de inseguridad desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2024, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Además, Figueroa destacó que la confianza en las autoridades, en particular el Ejército y la Marina, alcanzó índices superiores al 80%, un reflejo del apoyo ciudadano hacia las instituciones de seguridad que trabajan en la protección de las comunidades.

    El mensaje de Sheinbaum subrayó la importancia de estos logros, que forman parte de los esfuerzos integrales de la Cuarta Transformación para fortalecer la paz y la seguridad en el país, avanzando hacia una nación donde el bienestar y la justicia sean prioritarios.

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    Aprueban comisiones de la Cámara de Diputados reforma para fortalecer supremacía constitucional y evitar intervención judicial en procesos legislativos
  • Aprueban comisiones de la Cámara de Diputados reforma para fortalecer supremacía constitucional y evitar intervención judicial en procesos legislativos

    Aprueban comisiones de la Cámara de Diputados reforma para fortalecer supremacía constitucional y evitar intervención judicial en procesos legislativos

    En una histórica decisión que subraya el compromiso de la Cuarta Transformación por garantizar la autonomía de los Poderes y proteger la voluntad popular expresada en reformas constitucionales, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma crucial que blinda los cambios a la Constitución contra posibles intervenciones de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta iniciativa, respaldada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha suscitado un fuerte debate con una oposición que, con escaso respaldo, busca frenar el avance de la Cuarta Transformación en aras de un sistema judicial que, según sus críticos, ha ejercido activismo político.

    Reforma de Supremacía Constitucional: Fortaleciendo la Voluntad Popular

    La reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, fue aprobada con 30 votos a favor y 11 en contra, estableciendo un “candado” que evitará que cualquier órgano judicial pueda declarar inconstitucionales las reformas que aprueben los legisladores. Esto representa un paso firme en favor de la supremacía constitucional, al elevar a rango constitucional que las adiciones y reformas a la Constitución no pueden ser materia de juicios de amparo ni de controversias constitucionales.

    Según explicó el diputado morenista Hugo Eric Flores, la reforma representa una respuesta clara contra el activismo político en el Poder Judicial que, en los últimos años, ha cuestionado varias reformas aprobadas por el Congreso. Flores argumentó que esta tendencia desvirtúa el equilibrio de poderes, al someter las decisiones democráticas a interpretaciones de jueces y ministros.

    Por su parte, Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada de Morena, explicó que esta iniciativa no es un cambio radical, sino un ajuste que armoniza la Constitución con la Ley de Amparo, la cual ya contempla que las reformas constitucionales no pueden ser desafiadas legalmente. La reforma simplemente eleva esta disposición a nivel constitucional, evitando así futuros conflictos que puedan derivarse de interpretaciones subjetivas.

    Evitando Malos Entendidos: La Reforma Responde a Necesidades del Pueblo

    La bancada de Morena subrayó que la reforma garantiza la certeza jurídica en torno a las decisiones democráticas y evita manipulaciones que puedan bloquear el proceso de transformación en México. De esta manera, queda asegurado que los cambios realizados en la Constitución no se verán obstaculizados por decisiones judiciales que en ocasiones se han visto empañadas por intereses políticos.

    Con este marco renovado, Morena y sus aliados buscan consolidar un Poder Legislativo fuerte, blindado contra injerencias externas y que actúe siempre en favor de la ciudadanía, garantizando que las decisiones legislativas del pueblo permanezcan vigentes y no sean anuladas por acciones judiciales.

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    Arturo Ávila responde a críticas del ministro Laynez y lo deja calladito al explicarle de qué se trata la reforma de supremacía constitucional
  • Arturo Ávila responde a críticas del ministro Laynez y lo deja calladito al explicarle de qué se trata la reforma de supremacía constitucional

    Arturo Ávila responde a críticas del ministro Laynez y lo deja calladito al explicarle de qué se trata la reforma de supremacía constitucional

    En respuesta a las recientes declaraciones del ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, quien criticó la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena, el legislador Arturo Ávila arremetió contra lo que calificó como “la defensa de privilegios” de algunos miembros de la Corte. Según Ávila, el ministro Laynez representa a un sector que se opone a los cambios que buscan eliminar prácticas y beneficios arraigados en el Poder Judicial, mismos que “no han beneficiado a la ciudadanía, sino a ciertos intereses económicos y políticos”.

    Ávila cuestionó duramente la postura del ministro Laynez, señalando que este ha sido “promotor de conservar los privilegios” que existían en el Poder Judicial. Además, el legislador apuntó a otros miembros de la Corte, como el ministro Irmega, acusándolos de desacreditar la reforma judicial mientras asisten a foros internacionales, sin mencionar “los requisitos y evaluaciones” que contempla la Constitución para el proceso de reforma. Ávila recordó que muchos de estos ministros, como Laynez, fueron designados directamente por presidentes pasados como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sin procesos públicos transparentes.

    “No mencionó comités de evaluación, pero tampoco dijo que él simple y sencillamente fue designado por haber sido un miembro legítimo de dos presidentes, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que no le costó nada el trabajo, y tampoco mencionó que siendo ministro condonó trescientos noventa y dos mil millones de pesos a empresas en materia de impuestos”, acusó Ávila, destacando que esta postura es un claro ejemplo de la resistencia del Poder Judicial a renunciar a intereses económicos que afectan las arcas públicas y benefician a un reducido sector empresarial.

    Para Ávila, la crítica de Laynez de que la reforma es “un obstáculo” que dificulta el trabajo de la Corte no es más que una estrategia para defender esos intereses. Aseguró que esta resistencia no solo proviene de la Corte, sino que algunos legisladores de la oposición también están defendiendo las mismas posturas, abanderando los derechos de la Corte para bloquear la reforma, en lugar de velar por el beneficio de los ciudadanos.

    La reforma al Poder Judicial busca, en palabras de Ávila, eliminar privilegios y traer una mayor transparencia al sistema, eliminando los conflictos de intereses que han persistido durante años. El legislador concluyó que, aunque a algunos les incomode la reforma, el Congreso no se detendrá en sus esfuerzos por implementar cambios que respondan a las necesidades reales de la población.

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    Gobierno de Oaxaca tomará acciones legales por apropiación cultural en el mezcal de Paola Rojas
  • Gobierno de Oaxaca tomará acciones legales por apropiación cultural en el mezcal de Paola Rojas

    Gobierno de Oaxaca tomará acciones legales por apropiación cultural en el mezcal de Paola Rojas

    El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que el estado emprenderá acciones legales para defender el patrimonio cultural de las comunidades mixes, tras el lanzamiento de la marca de mezcal “Mixes” de la periodista Paola Rojas. La controversia estalló cuando Rojas publicó en Instagram —aunque luego borró el post— el anuncio de su mezcal, argumentando que su intención era “preservar la cultura” y “apoyar a quienes la mantienen viva”.

    “No vamos a permitir que marcas que intenten apropiarse de la identidad de nuestras comunidades terminen en manos de empresarios sin arraigo en nuestra cultura”, enfatizó el gobernador. Según Jara Cruz, la marca originalmente pertenecía a Marta Patricia Campos Orozco, pero actualmente figura como propiedad de Rojas. En una conferencia de prensa, el mandatario anunció que este martes las autoridades del pueblo mixe recibirán acompañamiento legal para defender la titularidad de la marca.

    En la publicación original, Rojas describía a su mezcal artesanal como “un tributo a la región Mixe”, y detalló su producción con prácticas ambientales sostenibles y colaboración con productores locales. Sin embargo, el lanzamiento de la marca desató críticas en redes sociales y recibió la condena de figuras destacadas, incluyendo a la científica mixe Tania Martínez y la diputada federal Aracely Cruz, ambas miembros de la comunidad ayuujk (mixe).

    Martínez cuestionó el proyecto de Rojas con ironía, señalando que el mezcal intentaba representar una cultura sin el “Consentimiento Libre, Previo e Informado” de las comunidades. Por su parte, la diputada Cruz calificó la iniciativa como un ejemplo claro de “apropiación de una identidad colectiva”, y exigió el retiro inmediato de la denominación “Mixe” del producto. Cruz también hizo un llamado a las autoridades para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, argumentando que cualquier explotación comercial de estos saberes debe contar con consulta y autorización de las comunidades.

    El gobierno estatal recalcó que la marca “Mixes” es un bien patrimonial de las comunidades originarias y que su utilización con fines comerciales sin consulta vulnera sus derechos y su identidad cultural. Además, el gobernador Jara Cruz señaló que continuará apoyando la defensa legal de estos derechos, en un esfuerzo para asegurar que el patrimonio cultural y los saberes de Oaxaca permanezcan en manos de quienes los han cultivado y preservado durante generaciones.

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