La presidenta impulsa reformas a la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el agua como derecho humano y frenar la especulación de grandes concesionarios vinculados al PAN.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que grandes productores con concesiones de agua obtienen hasta 300 millones de pesos al año vendiendo el líquido a municipios, un privilegio histórico que la Ley de Aguas Nacionales busca eliminar. “No a los privilegios, sí a la ley, sí al Estado de derecho”, afirmó durante la Mañanera del Pueblo.
La mandataria explicó que muchos concesionarios poseen gran cantidad de agua para riego, pero la venden a terceros en lugar de utilizarla para producción agrícola, práctica que considera injusta y concentradora. “Estamos poniendo orden y garantizando el agua como derecho humano y recurso de la nación. Ya no se podrán vender concesiones a terceros ni transferirlas de manera discrecional”, subrayó.
Además, destacó que los pequeños y medianos productores recibirán apoyo para tecnificar y optimizar el consumo de agua, fomentando un uso más eficiente y sostenible del recurso.
Indicó que próximamente dará a conocer que durante el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron numerosas concesiones, y ordenó a Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, presentar los nombres de quienes ocupaban cargos en Conagua en los estados donde actualmente se registran manifestaciones, ya que, afirmó, “quieren ahora generar la idea de que hay caos, y eso es falso”.
Este anuncio coincide con la investigación presentada por Milenio sobre el llamado “Cártel del Agua”, un grupo de ex gobernadores, líderes del PAN y un ex presidente que habrían concentrado más de 3.3 millones de metros cúbicos de agua en Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes desde la década de los 90. Aunque Sheinbaum no mencionó a este grupo, sus reformas buscan precisamente regularizar concesiones y terminar con el acaparamiento histórico del agua, que este tipo de investigaciones han documentado.
La presidenta también señaló que se establecerán sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes lucren con el agua, garantizando que el recurso cumpla su función social y no sea tratado como mercancía. “Llegamos a transformar la vida pública para el bien de México y de quienes menos tienen”, concluyó.
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