Sheinbaum anuncia reestructura profunda en la FGR y refuerzo de fiscalías estatales

La Presidenta adelantó que la Fiscalía General de la República prepara una reforma interna de fondo, mientras se afinan nuevas acciones contra la desaparición de personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) alista una reforma integral a su estructura interna, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y fortalecer la procuración de justicia en todo el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que este proceso de reorganización es la razón por la cual la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, aún no se ha incorporado formalmente a las sesiones del gabinete de seguridad.

Durante la Mañanera del Pueblo ofrecida en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum detalló que uno de los ejes centrales de la reestructura será el fortalecimiento de las delegaciones estatales de la FGR, con el fin de mejorar la capacidad de investigación, atención a víctimas y coordinación con autoridades locales.

En otro tema prioritario, la Presidenta reiteró que en los próximos días se presentará el informe nacional sobre personas desaparecidas, el cual se encuentra en proceso de integración. Explicó que el diagnóstico se construye a partir de las denuncias formales, para identificar cuántas carpetas de investigación están abiertas y en qué casos los expedientes carecen de información suficiente para avanzar en las indagatorias.

Sheinbaum subrayó que la atención a la desaparición de personas forma parte de la estrategia nacional de seguridad, la cual busca fortalecer la coordinación entre dependencias del gobierno federal, la FGR, el Poder Judicial de la Federación, así como con gobiernos estatales, fiscalías locales y corporaciones policiacas.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a quienes se busca integrar de manera activa en la construcción de soluciones. En ese sentido, adelantó que el objetivo es atender las denuncias por desaparición en un plazo máximo de 48 horas, para mejorar la capacidad de reacción del Estado y evitar la impunidad.

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