El Senado aprueba cambios clave para definir y castigar el abuso sexual. Ahora, el silencio de la víctima no cuenta como consentimiento, y las autoridades investigarán sin necesidad de denuncia formal.
El Senado aprobó una reforma importante este martes, pues los senadores cambiaron los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Todos los 97 votos apoyaron la medida. Esto ocurre un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara acoso en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La nueva ley pone el consentimiento en el foco principal. Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó el cambio, y aseguró que ya basta de excusas como el silencio o la falta de resistencia, pues muchas víctimas se congelan por miedo o intimidación. La reforma reconoce eso y protege a quienes viven esa realidad dura.
Un acto sexual ahora incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas, dado que ya la ley define el abuso sexual como cualquier acto sin consentimiento y sin llegar a la cópula. Esto aplica en espacios públicos o privados, además de que la víctima puede verse obligada a observar o realizar el acto sobre el agresor, un tercero o ella misma.
Además, el delito se persigue por oficio, ya que las autoridades iniciarán la investigación sin una denuncia formal. Gina Campuzano, senadora, compartió una visión personal, pues añadió que quien vive violencia sabe que el cuerpo se bloquea por miedo. La ley ahora reconoce esa reacción humana y común.
Las sanciones incluyen de tres a siete años de prisión, así como una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA, lo que equivale a unos 56 mil 570 pesos. Estas penas buscan disuadir a los agresores y apoyar a las víctimas en su recuperación.
La pena sube hasta nueve años en casos graves. Por ejemplo, si usan violencia física o psicológica o si actúan dos o más personas, o en caso de lugares aislados o poco accesibles. La relación con la víctima agrava el castigo, como parentesco, lazos sentimentales, laborales o educativos.
Otros agravantes incluyen abusos por funcionarios públicos o ministros de culto, y en caso de que la víctima esté bajo efectos de alcohol, fármacos o narcóticos, la pena aumenta. Lo mismo aplica si está embarazada.
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