El Senado aprobó por unanimidad la legislación secundaria sobre el sistema ferroviario, marcando un paso significativo para recuperar el control estatal en esta industria estratégica. Con 107 votos a favor, la reforma busca impulsar el transporte de pasajeros por tren y fortalecer el de carga.

La reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, que actualmente enfrenta desafíos de movilidad y conectividad. La senadora de Morena, María Martina Kantún Can, explicó que la reforma modifica varias leyes, incluyendo la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley General de Bienes Nacionales. Su objetivo es consolidar una visión integral en materia de movilidad y desarrollo económico.
González enfatizó que la reforma no cancela concesiones ni vulnera derechos adquiridos por el sector privado. Este esfuerzo busca revertir la desarticulación del sistema ferroviario provocada por políticas neoliberales de décadas pasadas.
La senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, destacó que esta legislación representa una causa de justicia social. Consideró que el transporte ferroviario es fundamental para la salud, integración y soberanía energética del país. Por su parte, el senador del PVEM, Waldo Fernández, apoyó la reforma al señalar que alinea a México con el nearshoring y los compromisos del T-MEC.
La reforma también establece la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un nuevo organismo descentralizado que coordinará el desarrollo del transporte ferroviario. Además, el Estado podrá asignar directamente proyectos de carga y pasajeros a empresas públicas. Estas asignaciones serán indefinidas y los bienes desarrollados formarán parte del patrimonio nacional.
Actualmente, el transporte ferroviario solo representa el 19 por ciento del volumen total de transporte terrestre. Esta reforma pretende reactivar el transporte de pasajeros y expandir rutas, lo que generará empleos y favorecerá el desarrollo regional.
La reforma fortalece el papel del Estado como planificador y operador del sistema ferroviario. Asimismo, otorga nuevas facultades a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para imponer sanciones a concesionarios y operadores por prácticas anticompetitivas y otros incumplimientos.

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