SCJN admite impugnaciones para evitar que la Sedena este a cargo del Tren Maya

Las reformas que buscan entregar el control del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron impugnadas por senadores y diputados opositores, quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los congresistas argumentaron que las normas impugnadas ponen en peligro la estructura fundamental del Estado mexicano y que la suspensión protege a la institución fundamental que es la Administración Pública Federal, para impedir que los militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictamente regulados y violando los derechos humanos.

El ministro Alberto Pérez Dayán, quien estará a cargo del proyecto de resolución, se negó a otorgar la suspensión a los congresistas.

El juzgador argumentó que en este caso no se “actualiza la excepción establecida por el alto tribunal consistente en que se puede otorgar la suspensión en aquellos medios de control constitucional respecto de normas generales que impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano”.

Los congresistas opositores solicitaron invalidar el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo y reforma el artículo tercero de la Ley General de Comunicaciones, el artículo 10 de la Ley para Regular el Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, por dejar sin efecto en su letra.

Estas modificaciones establecen que a las entidades paraestatales se les podrá otorgar una vigencia indefinida de las vías generales de comunicación y modos de transporte asignados a la federación; esta cesión no es transmisible ni cedible a ningún otro título y sólo puede suspenderse si se demuestra que no tiene carácter estratégico o sirven mal al interés público.

Para que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión presenten sus respectivos informes y envíen copia del marco legislativo y del DOF en el que se publicó el decreto, Pérez Dayán fijó un plazo de 15 días hábiles.

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