La polémica ofensiva de Estados Unidos en el Caribe ha provocado que aliados clave, como Reino Unido y Colombia, suspendan su colaboración en materia de inteligencia. La decisión cuestiona la legalidad de los ataques estadounidenses y marca un punto de inflexión en la política regional antidrogas.
El Reino Unido ha decidido suspender parte del intercambio de inteligencia con Estados Unidos respecto a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe. La medida se produce ante la preocupación de que la información británica pudiera ser utilizada para seleccionar objetivos de ataques militares estadounidenses, los cuales han provocado la muerte de 76 personas y son considerados ilegales por Londres.
Durante años, el Reino Unido colaboró con Estados Unidos mediante la provisión de información de inteligencia que facilitaba la interceptación de embarcaciones sospechosas. Esta cooperación incluía el envío de datos al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, con sede en Florida, que integra a varios países aliados en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los recientes ataques letales han generado un fuerte cuestionamiento sobre su legalidad y ética.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, postura que comparte el Reino Unido. Incluso funcionarios estadounidenses han mostrado escepticismo: el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, ofreció su renuncia tras cuestionar la legalidad de las operaciones, subrayando la tensión interna dentro de las fuerzas armadas de EUA.
Ante este panorama, Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha ordenado suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques. Petro enfatizó que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos de los pueblos caribeños, destacando la importancia de priorizar la legalidad y la protección de civiles.El distanciamiento de Reino Unido y Colombia refleja un aislamiento creciente de Estados Unidos en su estrategia antidrogas en la región. Canadá también ha limitado su colaboración, insistiendo en que su inteligencia no se use para ataques letales, mientras expertos en derecho internacional advierten que la administración estadounidense podría estar violando normas básicas de protección a civiles en conflicto.
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