Investigaciones revelan que la red de contrabando encabezada por altos mandos de la Marina comenzó al menos un año antes de lo informado oficialmente, con un esquema de corrupción que infiltró aduanas clave de México.
La red de tráfico de combustible liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos con rangos de vicealmirante y contraalmirante, operó en México desde junio de 2023, mucho antes de lo que había reconocido el Gobierno federal. De acuerdo con una investigación de Carlos Carabaña para El País, que tuvo acceso a documentos de puertos y aduanas, se realizaron 69 envíos ilegales de combustible disfrazado como aditivos para lubricantes, con ganancias calculadas en 150 millones de dólares.
Este huachicol fiscal se basaba en introducir millones de litros de gasolina y diésel al país bajo el amparo de facturas que los clasificaban como aditivos, mercancía que no paga el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La operación, que unió a marinos, empresarios y funcionarios públicos, alcanzó al menos 564 millones de litros contrabandeados en puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.
La trama salió a la luz tras la detención de 14 personas —incluyendo miembros de la Marina y empresarios— en lo que ha sido calificado como el mayor golpe contra la corrupción en el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, registros portuarios muestran que la red llevaba al menos un año activa, con barcos que repetían rutas entre Houston y Tamaulipas, siempre con las mismas empresas exportadoras, importadoras y agencias navales.
Los Farías Laguna, señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, habrían usado su influencia para colocar a personal de confianza en puestos clave dentro de aduanas. Esta estructura permitió que buques como el Challenge Procyon ingresaran combustible disfrazado de aditivos. Dicho navío fue fundamental para destapar el esquema, luego de que autoridades incautaran 10 millones de litros de diésel y 192 contenedores en Altamira.
El caso no solo expone la magnitud del contrabando de combustible en México, sino también la colusión de mandos militares y empresarios en un negocio que creció con impunidad. Mientras avanzan las investigaciones, la administración federal ha advertido que las detenciones no han terminado, y que la red podría ser aún más amplia de lo revelado hasta ahora.
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