Una investigación internacional reveló cómo la compañía española ayuda a políticos, narcotraficantes y empresarios a eliminar información comprometedora mediante noticias falsas y denuncias por derechos de autor.
La empresa catalana Eliminalia ha sido señalada por operar un sistema de “limpieza digital” que permite a políticos corruptos, criminales y empresarios borrar su rastro en internet, según la investigación internacional “Story Killers”, realizada por organizaciones como Forbidden Stories, OCCRP y Artículo 19, junto a medios como El País, Le Monde y The Guardian.
Los documentos filtrados indican que más de 1,500 clientes fueron beneficiados con estrategias para ocultar actividades ilícitas, de los cuales 400 corresponden a Latinoamérica, incluyendo 159 en México. Entre ellos destacan Ricardo Orrantia, Pedro Miguel Haces Barba y Miguel Ángel Colorado Cessa, vinculados a corrupción, adjudicaciones irregulares y crimen organizado.
Fundada en 2013 por Diego Sánchez Jiménez, la compañía utiliza técnicas como noticias falsas, sitios web apócrifos, bots y denuncias por derechos de autor para eliminar información de buscadores y redes sociales. Los reportes muestran que incluso han ayudado a borrar casos de tortura y lavado de dinero, y manipular la percepción pública a favor de sus clientes.
En Los Reporteros MX documentamos que José Manuel Suárez Díaz, conocido como “el junior del caucho”, contrató a la agencia Blackwell Strategy para limpiar su imagen tras revelaciones sobre contubernio y artimañas legales que, junto al bufete de Emilio Zebadúa, habrían utilizado para despojar a socios de sus compañías.
La relación entre Blackwell Strategy y Eliminalia radica en su director, Humberto Herrera Rincón Gallardo, vinculado previamente con la empresa española. Investigaciones señalan que Herrera coordinó acciones con Eliminalia para apoyar al despacho Ruiz Durán, S.C., y a su socio fundador, Diego Ruiz Durán, en la eliminación de notas que los vinculaban con Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico de Peña Nieto, acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de liderar una red de extorsión durante el sexenio de EPN.
A pesar de que la SCJN declaró inconstitucional el “derecho al olvido” en 2022, estas prácticas continúan, al aprovecharse de lagunas legales y presiones digitales para proteger a quienes buscan ocultar delitos o malas prácticas, desde corrupción hasta crimen organizado.
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