La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Palacio Nacional no fue una ceremonia más: representó la formalización de una voluntad de trabajo conjunto entre México y Estados Unidos. En un momento en que la violencia, el narcotráfico y las redes del crimen organizado atraviesan la vida cotidiana de muchas comunidades, la decisión de coordinarse bajo reglas claras y con responsabilidad compartida merece reconocimiento. Pero también exige vigilancia: la cooperación debe rendir cuentas y respetar la soberanía y los derechos de la población.
El contexto explica la urgencia. El flujo de fentanilo, el robo de combustible, los túneles clandestinos y los circuitos financieros que sostienen al crimen organizado han generado presión en ambas orillas de la frontera. La migración irregular y sus riesgos humanitarios también demandan soluciones que combinen seguridad, justicia y atención a las causas estructurales. En ese marco, México y Estados Unidos acordaron formalizar un programa de entendimiento sobre seguridad fronteriza, con el objetivo de traducir la retórica en acciones coordinadas, sin ceder en principios de respeto mutuo.
El acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Rubio se fundamenta en cuatro ejes: reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; y confianza mutua. Con base en estos principios se creó un “grupo de alto nivel” que revisará periódicamente avances y operaciones conjuntas: desmantelar redes transnacionales, clausurar túneles fronterizos, atacar flujos financieros ilícitos, prevenir el robo de combustible y frenar el tráfico de drogas y armas. Por México participaron Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch; por Estados Unidos, Rubio y su equipo diplomático. El acuerdo no detalla operaciones concretas —protegiendo tácticas y fuentes—, pero establece un marco institucional que evita discrecionalidades.
La visita de Rubio transmite un mensaje simbólico y político de peso. Su afirmación “No hay ningún Gobierno que esté cooperando más con nosotros que el Gobierno de México” reconoce públicamente el esfuerzo operativo mexicano reciente. Que un alto funcionario estadounidense lo exprese abiertamente legitima la interlocución bilateral y facilita la coordinación de recursos, inteligencia y procedimientos judiciales. Es una señal de confianza que puede traducirse en más decomisos, más extradiciones bien sustentadas y en una agenda compartida para cortar rutas financieras del crimen.
La cooperación tiene impactos directos para la ciudadanía. Primero, intercambio de inteligencia más eficaz: no solo información táctica, sino trazas financieras para congelar y confiscar bienes; la Unidad de Inteligencia Financiera y sus pares estadounidenses pueden asfixiar las arcas del crimen. Segundo, coordinación operativa para clausurar rutas y destruir infraestructuras —túneles, laboratorios móviles, embarcaciones— que sostienen al narcotráfico. Tercero, control del flujo de armas y precursores químicos, clave para disminuir la violencia. Por último, procesos judiciales transnacionales más sólidos: detenciones con evidencia, transferencias legales y juicios que eviten la impunidad. Si se ejecuta correctamente, esto se traduce en menos muertes, menos extorsión y menos miedo en las comunidades afectadas.
Pero la cooperación también implica riesgos. México ha dejado claro que no aceptará acciones unilaterales en su territorio: incursiones, tropas o decisiones operacionales sin coordinación. Por eso los guardarraíles son esenciales: protocolos escritos que regulen el intercambio de información, límites operacionales explícitos, salvaguardas de derechos humanos y transparencia mínima con reportes periódicos. México exige respeto a su soberanía y que la eficacia se ejerza dentro de límites democráticos.
Para evaluar los avances, propongo indicadores públicos: operaciones conjuntas judicializadas, decomisos homologados, túneles desmantelados, congelamiento de activos y sentencias efectivas contra operadores financieros del crimen. La publicación de estos resultados permitirá medir si la cooperación reduce daños reales y no solo genera cifras temporales. La prensa y organizaciones civiles deberían tener acceso a resúmenes ejecutivos que expliquen los resultados sin comprometer operaciones.
Aplaudir el reconocimiento de Rubio y la voluntad mexicana no es ingenuidad. Es un llamado a unir fuerzas con prudencia y claridad. Celebrar el puente diplomático es apostar por la seguridad de nuestras familias; exigir reglas claras y rendición de cuentas es defender la soberanía y la dignidad de la Nación. Si la cooperación produce menos violencia y más justicia —respetando la ley y a las personas— todos habremos avanzado. Si no, la sociedad deberá recordar a sus gobernantes que la paz se construye con eficacia, transparencia y límites irreductibles.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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