Por Ricardo Sevilla
“¡Nosotros no fuimos! A los verdaderos culpables los dejaron libres”, asegura imputado en el caso del crimen de aficionado del Cruz Azul en CU.
El asesinato de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario (CU), ha sacado a la luz pública la nebulosa actuación de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGaPSu) de la UNAM, develando una terrible dinámica de impunidad y probable fabricación de responsables.
Pero demos un poco de contexto:
Hace unos días, cuatro trabajadores de la DGAPSU —Jose Rodrigo Valerio Carrillo, Luis Alberto Molina Bautista, Brallan Leonardo Islas y Noé Manzo Campuzano— fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado (asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con la necropsia del Incifo).
Sin embargo, familiares y compañeros de estos trabajadores sostienen que los imputados son “chivos expiatorios” y que podrían ser una operación por parte de la estructura de seguridad de la UNAM con el fin de blindar a los verdaderos agresores.
El Juez de Control, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ordenó prisión preventiva justificada para los imputados; además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El juzgador basó su determinación de iniciar un juicio penal contra los guardias basándose en los peritajes de la necropsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), a Rodrigo Mondragón, en la que se precisó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
Sin embargo, dos de los trabajadores Brallan Leonardo Islas y Rosas Noé Manzo Campuzano aseguran que fueron detenidos arbitrariamente y que ellos no son “responsables de lo ocurrido en el estadio”.
Estas personas sostienen que “a los verdaderos culpables los desaparecieron”. Y señalan que Gerardo Moisés Loyo Martínez, director general de la DGaPSu, habría dado la orden de “ponerlos”.
También sostienen que José Felipe Romero Pérez, alias Búfalo, quien funge como director de operaciones de la DGaPSu, les habría dado la instrucción para que fueran al túnel 16.
Noé Manzo Campuzano, a través de una serie de audios a los que ReporterosMx tuvo acceso, narra que Romero Pérez habría facilitado la huida de los verdaderos responsables, quienes, de acuerdo con su propio testimonio, habrían permanecido en la batea de una camioneta de la UNAM con el número 04.
El testimonio de Manzo Campuzano es una pieza clave.
El relato de Campuzano, que envió desde el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, señala que hubo un encubrimiento activo orquestado desde la cúpula de seguridad de la UNAM.
Otras voces señalan que la detención de los cuatro vigilantes habría sido una medida desesperada para presentar resultados rápidos ante la presión mediática y familiar.
Una cosa es cierta: la versión de estos personajes se conecta con otros señalamientos alrededor de lo que estaría ocurriendo en la DGaPSu.
Y es que investigaciones periodísticas paralelas a las de ReporterosMx han revelado denuncias sobre un presunto grupo de choque operando dentro de la seguridad de la UNAM.
Testimonios de otros guardias (obtenidos por diversos medios) apuntan a que mandos de la DGAPSU supuestamente encabezan un grupo de al menos 20 personas dedicadas a la extorsión y la violencia en la zona de CU, lo cual añade una capa oscura al contexto del crimen de Mondragón.
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