Mara Lezama regresaó a Palacio Nacional para sumarse al llamado de Claudia Sheinbaum: cerrar filas contra la violencia y frenar la extorsión en el país. La gobernadora destacó la nueva ley estatal que endurece penas y protege a quienes denuncian, mientras sostuvo reuniones clave para impulsar temas urgentes de seguridad y protección civil en Quintana Roo.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa acudió a Palacio Nacional para participar en las sesiones del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde este espacio federal, la mandataria quintanarroense reiteró que Quintana Roo mantiene un compromiso firme en la lucha contra las violencias, la prevención del delito y, particularmente, en el combate a la extorsión.
Durante su intervención, Lezama destacó que la estrategia nacional avanza en la construcción de entornos más seguros para las y los mexicanos, esfuerzo al que se suma su administración con programas orientados a atender las causas de la violencia. Uno de los hitos más recientes es la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en Quintana Roo, iniciativa que se armoniza con la Ley General y que fue destacada por la Presidenta Sheinbaum durante la sesión del Consejo.
La gobernadora subrayó que esta norma fortalece la respuesta institucional al unificar criterios, endurecer penas, perseguir el delito de oficio y proteger a quienes denuncian, lo que representa un golpe directo contra las prácticas que afectan el patrimonio de familias y empresas. “Desde Quintana Roo nos sumamos a la lucha para erradicar estos delitos”, afirmó al reiterar la importancia de coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.
Además de su participación en los trabajos de ambos consejos, Mara Lezama sostuvo reuniones con autoridades federales como Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Marcela Figueroa y Laura Velázquez, con el propósito de impulsar la atención de temas prioritarios para el estado en materia de seguridad y protección civil.
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