La historia de agravios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al pueblo de México no es nueva, se intensificó de la mano de los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018, cuando el poder judicial yacía sumiso, complaciente, abyecto y era la simple comparsa legaloide de los abusos de los poderes ejecutivo y legislativo. En ese entonces, a la prensa convencional no le importaba que no existiera la división real de poderes, y que las decisiones se tomaran cupularmente desde el gatopardismo de la elite mafiosa del PRIAN. Tampoco, los medios le llamaban “dictadura” a los excesos de los tres poderes que actuaban coordinados como “aparato del Estado”.
Por ejemplo, en septiembre de 2002 la SCJN declaró improcedentes 322 controversias constitucionales contra la reforma indígena aprobada por el Congreso de la Unión, que contravino los Acuerdos de San Andrés Larrainzar construidos con el propio gobierno federal por la representación de las luchas de los pueblos indígenas desde el movimiento zapatista. Previo a ese hecho, decenas de miles de indígenas de todas las culturas y raíces habían marchado a la Ciudad de México en la Marcha del Color de la Tierra, pero la SCJN dio la espalda a los pueblos originarios del país favoreciendo la política sorda del presidente Vicente Fox.
En aquella época escritores, artistas e intelectuales disidentes manifestaron: “La resolución de la SCJN implica la renuncia del Poder Judicial para enfrentar una responsabilidad histórica, que ahora se suma a una serie de agravios contra los pueblos indígenas y, lo más alarmante, da un paso atrás en la vía hacia la democracia y deja abierto el camino a la violencia, pues vuelve a ignorar los derechos de esos sectores sociales”.
El célebre escritor Carlos Montemayor aseveró en aquella coyuntura: “No han bastado 500 años para reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas de México. Creo que gran parte del país adolece de la misma visión racista que la mayoría de los senadores y diputados de la actual legislatura. La SCJN optó por no enfrentarse con la ideología racista predominante entre los legisladores ni con la ceguera e indiferencia del Ejecutivo federal”.
Otro ejemplo de golpe al pueblo y a la democracia ocurrió en octubre de 2014, el Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la consulta popular que propuso el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la reforma enérgica que implicaba la privatización del petróleo. En ese entonces la Corte no posibilitó el ejercicio del derecho de los ciudadanos a una consulta popular, argumentando que las actividades referidas en la reforma “pertenecían al régimen de ingresos del Estado mexicano”.
En 2016, diez años después del fraude electoral de 2006 -que llevó al usurpador Felipe Calderón a ocupar el cargo de presidente de la república-, la SCJN canceló la posibilidad de que los paquetes de la elección presidencial de 2006 pudieran reabrirse y de que se realizara un nuevo conteo ciudadano, para un deslinde histórico de aquel golpe a la democracia. Y como éstos, pudiéramos referir innumerables ejemplos del papel de una SCJN sometida a la mafia del poder.
En tiempos de transformación, la SCJN se ha convertido en el ariete contra los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que promueve el pueblo organizado con AMLO al timón. La SCJN se quedó atrapada en un pasado ominoso. En la SCJN no ha habido cambio de siglo. Sólo que, ahora la SCJN se ampara en la división de poderes para seguir protegiendo los intereses y privilegios de las elites que todavía subsisten en algunas instituciones “autónomas” en la letra, pero totalmente dependientes y subordinadas a los poderes fácticos del antiguo régimen.
Lamentablemente, la SCJN se ha convertido en la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones. Esto lo demuestra la decisión del ministro Javier Laynez Potisek, quien suspendió la reforma electoral conocida como Plan B. Lo que ha sido caracterizado por el Gobierno de México como “el arrancar las hojas a la Constitución”, porque con esta determinación se contraviene “el Artículo 105, Fracción I de la Constitución mexicana, que prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral”.
Más aún, la SCJN defiende a capa y espada los altos sueldos de los consejeros del INE, lo que en sí mismo es anti constitucional, pues nadie debe ganar más que el presidente de la república en el servicio público. Simplemente -por conceptos de finiquito- al terminar su ominoso periodo al frente del INE, Lorenzo Córdova recibirá 9 millones104 mil 762.52 pesos…
Ante estos hechos, el presiente Andrés Manuel López Obrador nos ha convocado a desplegar un ejemplar Plan C: “Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.
El presidente ha preguntado públicamente a la luz de la historia reciente de la SCJN: “¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte una ley al presidente? ¿Cuándo, si todo era: ‘Sí, señor, lo que usted diga, señor’ ‘¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor’. El poder de los poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo estaba subordinado; el Poder Judicial, lo mismo. Era el porfiriato o el neoporfiriato, o el neoporfirismo, con la máxima de que la Constitución se respeta en la forma, pero se viola en el fondo; ahora no”.
En ese sentido el presidente ha referido la importancia de la historia de nuestros días. Es positivo se ejerza la división de poderes; sin embargo, es condenable se renuncie a la justicia en aras de convertir al poder judicial en un jugador más de la arena partidista. Se han quitado las máscaras, es la hora del pueblo, la hora del Plan C: ¡Ni un voto a los conservadores en 2024!
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
