Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE), cancelar 26 candidaturas a cargos judiciales, ya que se encuentran bajo investigación por posibles vínculos con el crimen organizado y por no haber obtenido la calificación mínima de 8, en su promedio de licenciatura.
Los presidentes de ambas cámaras, presentaron documentos donde muestran que seis candidatos se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos como abuso sexual; lesiones y amenazas; peculado; delincuencia organizada; órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud, y por fungir como abogados defensores de miembros del Cártel de Sinaloa. Los nombres de estos candidatos son: Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, candidato a magistrado de circuito en Puebla; Ángel Villegas Cortés, candidato a juez de distrito en Veracruz; Noel Castro Melgar, candidato a juez de distrito en Ciudad de México, Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado de circuito en CDMX; Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza de distrito en Sonora, y María de Jesús López Guzmán, candidata a jueza de distrito en Chiapas.
Doce candidatos más, son cuestionados por haber defendido a integrantes de grupos criminales, porque dieron libertad a narcotraficantes, porque son acusados de abuso sexual, por desaparición forzada, entre otros delitos. Los nombres que resaltan en estos casos son: Fernando Escamilla; Jesús Padilla; Diana Monserrat Partida; Julio Veredín; Aníbal Castro; Conrado Alcalá; Enrique Hernández; Francisco Herrera, Francisco Martín Hernández, Edgar Rodríguez; Andrés Montoya y Leopoldo Javier.
Los 8 restantes, no cumplen con el requisito de haber obtenido mínimo 8 en su promedio de licenciatura. Estos candidatos buscan ser magistrados de salas regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Esta solicitud se da a menos de un mes de realizarse los comicios y en los documentos mencionados, se expresa que “de no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de interés y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”.
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