En respuesta al reciente fallo de la Suprema Corte que permite la implementación de la Reforma Judicial, Patricia Aguayo, representante de un sector del Poder Judicial, emitió declaraciones que han generado polémica. Aguayo criticó la decisión de la Corte y sugirió que los trabajadores del Poder Judicial podrían tomar “medidas radicales” en protesta por la reforma, misma que ya había sido aprobada por el Legislativo y ratificada por la Suprema Corte como constitucional.
Aguayo denunció que la reforma equivale a un “despido masivo de jueces” y comparó las recientes modificaciones en el sistema judicial con un “golpe de Estado” contra el Poder Judicial. Sus declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión, luego de que el ministro Alberto Pérez Dayán, quien votó en contra de invalidar la reforma, fuera blanco de presiones y amenazas tras su decisión.
“Habremos de reorganizarnos y tomar medidas”, sostuvo Aguayo, quien insinuó que la decisión del ministro Pérez Dayán podría haber sido influida por presiones externas, mencionando que “Morena sabe cómo presionar” y sugiriendo que “o le llegaron al precio o lo amenazaron con algo fuerte”. Además, Aguayo afirmó que los trabajadores judiciales podrían recurrir a acciones drásticas para expresar su inconformidad y oponerse a la aplicación de la reforma, aunque evitó detallar las medidas específicas.
Las declaraciones de Aguayo han adquirido un tono confrontativo, especialmente en un momento en el que diversos actores insisten en respetar las decisiones del Legislativo y el fallo de la Suprema Corte, ambas instancias autónomas y claves en la estructura democrática del país.
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