En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.
De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.
El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.
Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.
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