Para el asombro de muchos, Nuevo León están moderno y vanguardista que tiene dos constituciones.
Sí, tal cual lo lee, ahora el estado de Nuevo León cuenta con dos constituciones.
Una es la de Samuel García, la cual se aprobó el mes de octubre del año pasado; la otra, es la constitución del Congreso del estado con algunas modificaciones que se aprobaron el mes de febrero pasado mediante decretos 340, 341 y 342.
Estas reformas fueron publicadas en la Gaceta del Congreso este 8 de marzo pasado para causar vigencia y en unos días más se dará orden de publicar la constitución con sus reformas en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
Ante este escenario, se ha planteado la pregunta: ¿puede el Congreso local prescindir del ejecutivo para publicar sus acuerdos en el Periódico Oficial? Pues aparentemente, sí.
Esto, fuera de broma, es una consecuencia de los evidentes conflictos entre ambos poderes. Han llegado a un extremo en que los actos de cada uno pueden estar transgrediendo la constitución.
Por el lado del ejecutivo, negarse a publicar los decretos votados en el Congreso, es una actitud desafiante. Interrumpe el proceso legislativo y puede considerarse como una violación a la constitución, mismo que, en parte, le vale un juicio político que, de hecho, ya tiene uno en puerta, aunque con orden de suspensión por un tribunal federal.
Por el lado del Congreso de Nuevo León, sobreinterpretar la constitución y, sobre todo, proponer reformas constitucionales que adelgazan no la figura del ejecutivo como tal, sino las del actual gobernador, se entiende como un esfuerzo que no tiene que ver con el bienestar social. Puede entenderse como una medida de un padre que le quita un juguete a su hijo.
Mientras tanto, los ciudadanos nos vemos involucrados en una encrucijada de enemistad política que no permite acuerdo alguno.
De seguir así, Nuevo León está en un claro estado de ingobernabilidad. Se está escalando un problema personal que empieza a salirse de las manos.
¿Qué vendrá después? ¿Declarar estado de excepción? Como ciudadanos, el interés radica en que cada autoridad cumpla con sus funciones y respeten la constitución. Paradójicamente, ninguno de estos dos poderes parece respetar la «nueva constitución» de la que tanto estaban orgullosos
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