Habla de justicia hídrica, y sus juicios y aseveraciones hacen agua; de contaminación, y ha hecho de la Suprema Corte un muladar; de desigualdad, pero las decisiones que impulsa buscan hacer más grande la brecha entre ricos y pobres.
Dice defender al pie de la letra la Constitución, pero junto con la mayoría de los ministros interpreta lo que quiere; para ella, la ley es la ley, pero en los bueyes de su compadre; defiende la justicia, pero al mejor postor; dice atacar la corrupción, pero ¡fue propuesta por Peña Nieto!; recibe premios internacionales, ¡que ella misma promueve!
Debería ser un equilibrio entre los poderes de la nación, pero bajo su mando, en muy poco tiempo, ha convertido al Poder Judicial en la facción más recalcitrante de la oposición. Se llama Norma Lucía Piña Hernández y desde comienzos de este año es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque tiene nombre de precepto legal, trabaja al límite de la ley y a menudo fuera de esta. Lo único congruente de ella es su apellido, pues como jurista es pura piña.
¿Qué me puede decir de la corrupción en el Poder Judicial?
No he visto si hay casos de corrupción o no. No sé si hay corrupción. Pero si hay, es preocupante y tendría que combatirse. El Consejo de la Judicatura Federal de eso se encarga.
¿Qué opina de haber sido incluida, en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, en la lista de los jueces que favorecen a delincuentes?
Cuando se es juzgadora no se puede prejuzgar sobre determinados asuntos en los que se puede llegar a tener conocimientos de ellos, porque implicaría una responsabilidad administrativa y ética si no se tiene el estudio del expediente y todos los argumentos de ambas partes. Y en función de ello he tratado de dar una respuesta acorde con situaciones de facto que no vayan a implicar una responsabilidad de este tipo.[¿?]
¿Por qué contrató a Sonia Vargas Terrero como coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura?
En la Policía Federal, como directora de Recursos Materiales, fue operadora de los “negocios” de García Luna. Las empresas ligadas a ella se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Lo único que te puedo decir es que tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura mi equipo de trabajo y yo ofrecemos una representación basada en lo que somos: estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez y empatía.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado la decisión de la Corte de liberar a narcotraficantes como Héctor “el Güero” Palma, fundador del cártel de Sinaloa. “El Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”, ha dicho.
La función jurisdiccional solo puede servir como un mecanismo de protección de los derechos humanos y de las democracias constitucionales si se desempeña en libertad y sin presiones ni condicionamientos.
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En tiempo récord, la “justicia mexicana” ha desbloqueado las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino y Linda Cristina Pereyra, excolaborador y exesposa, respectivamente, de Genaro García Luna, el policía narco y corrupto que causó al erario una afectación de al menos 13 mil 733 millones 330 mil pesos. Además, exoneró a Rosario Robles a pesar de su inminente participación en la estafa maestra y ahora coquetea con liberar al abogado salinista Juan Collado. Una gran ola en favor de la delincuencia organizada.
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Norma, cuando era ministra de la Corte, siempre votó en contra de todas las iniciativas de AMLO. Votó en contra de llevar a juicio a los expresidentes; en contra de la Ley Eléctrica que hubiera permitido la total autodeterminación del país en materia energética; en contra de establecer un padrón de usuarios de telefonía celular.
Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas y el uso de estas como medio para obtener una aprobación social. La búsqueda de legitimación social tiene una brújula: el mandato.
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Netzaí Sandoval, quien fuera director general del Instituto Federal de Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal, renunció junto con Salvador Leyva debido, entre otras razones, a que el cuñado de Isabel Miranda de Wallace, Abraham Pedraza, es ahora un infiltrado en la Suprema Corte. Netzaí ha dicho que la ministra tiene información de todos los casos relevantes en el país; sin embargo, se ha asumido como la principal oposición de la Presidencia. Si bien la presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura no es quien emite los juicios, sí puede hacer que se investigue por qué los jueces toman ciertas decisiones extrañas (por decir lo menos) y pedir que se revisen sus patrimonios y sus intereses, e incluso que los suspendan. Un buen líder puede ayudar a que se tomen las mejores decisiones. No es el caso.
¿Qué opina de que se hayan tomado decisiones por inferencia? Los ministros infirieron que con el decreto que catalogaba al Tren Maya y al Corredor Transístmico como de seguridad nacional se iba a ocultar la información financiera, lo cual nunca se dijo. Entonces se anula el decreto y fin de la discusión.
La actuación de la Corte fue correcta. No debemos confundir legitimación con popularidad.
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Si de inferencias se trata, yo infiero que la ministra Piña es alcohólica. Solo fíjense en su gestualización y su manera de hablar ocultando sin mucho éxito que se le “lengüe la traba”, o bien ese desliz de amenazar veladamente e intimidar al presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, por la noche y vía WhatsApp. Pero esa es solo una inferencia.
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Por mera precaución, el autor se cura en salud manifestando que esta columna contiene, como se aprecia, una entrevista apócrifa, es decir, que no es sino literatura de ficción. Cualquier parecido con la realidad –parafraseando a Fabrizio Mejía Madrid– es culpa de la realidad.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
