Una de las grandes esperanzas de muchos mexicanos al votar por Andrés Manuel López Obrador fue que, por fin, se podría hacer justicia, por los daños sufridos a la nación y a muchas personas por varios expresidentes.
Sin embargo, jurídicamente, y desde ese entonces, ya no era algo que dependiera del ejecutivo, sino del fiscal general.
No obstante, si bien ya no depende del ejecutivo federal, su voluntad se vuelve una razón de peso para crear una oportunidad. Pero, tampoco había en ese entonces ni la hay ahora.
Incluso, si se recuerda, se realizó una consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la cual, por cierto, no tenía como propósito que el ejecutivo federal realizara esta acción, sino que cambiara su postura al respecto.
Esto último porque en múltiples ocasiones el ejecutivo federal ha mencionado que “no es su fuerte la venganza”. Aunque quizá lo dice de esta manera, porque así puede entenderse desde la oposición, quienes no han dudado en jugar esa carta y denunciar «persecución política», como si del ejecutivo federal dependiera la procuración de justicia.
Pero es esto mismo lo que hace que la voluntad del ejecutivo federal sea una razón de peso que ayude a hacer posible un juicio a expresidentes.
Por lo mismo, esto no significa que desde un principio los votantes se hayan confundido. Si bien el ejecutivo federal carece de facultades para investigar y juzgar a expresidentes, que tenga voluntad para hacerlo es un elemento indispensable para que se logre dicho objetivo.
Además, no se trata de un asunto de venganza. Hacer justicia, como principio moral, no se relaciona con cuestiones que no sean virtuosas.
Por lo mismo, decir que “el pueblo ya los juzgó”, como ya sentenció el ejecutivo federal, no es hacer justicia propiamente.
Una justicia así no requiere de nadie en particular ni de su voluntad; solo sería un cúmulo de impresiones sin certeza alguna. Por tanto, se ocupa más que un «ya están manchados».
Por todo, violar la ley, como lo han hecho varios expresidentes, merece tener consecuencias y sanciones jurídicas. Si no las hay, ¿dónde queda el estado de derecho? Peor aún, se haría apología a ese «estado de chueco» al que tanto le desagrada al ejecutivo federal (y a cualquiera con un sentido racional de lo que es hacer justicia).
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