Norma Piña dobla las manos ante la voluntad popular y rechaza recursos contra la Reforma Judicial presentados por personal del PJ

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderada por la ministra Norma Piña, ha rechazado los intentos de última hora del personal judicial para frenar la reciente reforma constitucional que establece la elección de jueces mediante voto popular. Esta reforma, aprobada esta semana, representa un paso decisivo en la democratización del sistema judicial mexicano y ha sido respaldada por amplios sectores de la sociedad.

El poder popular se impone

A pesar de la intensa presión por parte de jueces, magistrados y otros empleados del Poder Judicial Federal (PJF), quienes solicitaron acciones urgentes para detener la reforma, Norma Piña cedió a la transformación La ministra presidenta reconoció la improcedencia de estas intervenciones y optó por respetar la voluntad popular expresada a través de los mecanismos legislativos.

En días anteriores, la SCJN recibió múltiples escritos del personal judicial que pedían a la Corte ejercer medidas basadas en tratados internacionales para detener la reforma. Sin embargo, Piña determinó que la Corte no podía intervenir directamente, ya que la jueza Martha Magaña, encargada de la suspensión en amparo, se declaró incompetente para continuar con el trámite de los recursos interpuestos.

Levantamiento del paro laboral

Tras una semana de paro, la SCJN decidió en sesión privada levantar la suspensión de labores. Las primeras versiones indican que los 11 ministros votaron a favor de regresar a la normalidad, reconociendo el mandato constitucional que establece la elección de jueces por voto popular.

Esta decisión de la Corte, que retoma sus actividades tras la aprobación de la reforma en el Congreso y su inminente declaración de constitucionalidad, muestra que Norma Piña se ha bodaldo a a los cambios impulsados por la ciudadanía y las instituciones democráticas. La reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar la justicia en México, acercando el poder judicial a los ciudadanos y aumentando su responsabilidad ante la sociedad.

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