El Gobierno argentino fijó “reglas” para la prensa y dejó claro que las fuerzas de seguridad intervendrán ante disturbios durante el debate legislativo.
En un clima político cada vez más crispado, el gobierno de Javier Milei lanzó una advertencia directa a periodistas que cubrirán las movilizaciones contra su reforma laboral. A través del Ministerio de Seguridad Nacional, la administración libertaria informó que, ante hechos de violencia, “nuestras fuerzas actuarán”, un mensaje que para muchos suena más a amenaza que a protocolo preventivo.
El comunicado oficial no solo anticipa la intervención policial, sino que establece indicaciones específicas para la prensa: delimita zonas de estacionamiento para móviles sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y recomienda no ubicarse entre manifestantes y fuerzas de seguridad, advirtiendo que no acatar las disposiciones podría implicar “autopuesta en peligro”. En otras palabras, si hay represión, la responsabilidad podría recaer también en quienes documenten los hechos.
La advertencia se produce en la antesala del tratamiento en Diputados de la reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ha provocado fuertes movilizaciones sociales. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a una protesta frente al Congreso, mientras crece el rechazo sindical a la iniciativa oficial.
El antecedente inmediato no es menor: la semana pasada hubo detenciones durante manifestaciones similares. Ahora, con un mensaje que condiciona la cobertura periodística, el Ejecutivo parece optar por blindarse ante posibles críticas.
La discusión de fondo ya no es solo la reforma laboral, sino el tono de un gobierno que, frente a la protesta social, prioriza el despliegue de fuerza y marca límites a la prensa. En un país con una historia sensible en materia de represión y libertad de expresión, las advertencias oficiales no pasan desapercibidas.
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