Durante la administración de Donald Trump, los mexicanos detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos tienen mayor probabilidad de permanecer en centros de reclusión mientras se resuelve a su estatus migratorio. Según el Centro de Intercambio de Información sobre Registros Transaccionales (TRAC Immigration) de la Universidad de Syracuse, de cada 100 connacionales en proceso de deportación por ICE o la CBP, 57 fueron retenidos, frente a solo 30 de otras nacionalidades.
De acuerdo con el análisis de Jorge Salcedo para El Sol de México, TRAC Immigration señala que la decisión de mantener a una persona en custodia depende de la discreción de los agentes de ICE, cuyos criterios raramente se hacen públicos. Esto impacta directamente en la capacidad de los detenidos para obtener documentos y asistencia legal para apelar su deportación.
Durante julio, como parte de la política migratoria de Trump, se reportaron redadas masivas en lugares de trabajo, tiendas y espacios públicos. Además, se inauguró el centro de alta seguridad Alligator Alcatraz en Florida, aunque un juez federal ordenó su cierre en un plazo de 60 días.
El gobierno estadounidense también ha fortalecido la deportación a terceros países mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), enviando a los migrantes a naciones distintas a su país de origen. Como consecuencia, según el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), México es el país que más recibe deportados, junto con El Salvador, Costa Rica, Panamá y otros.
Recientemente, tribunales estadounidenses han bloqueado algunas deportaciones, como la de venezolanos presuntos miembros del Tren de Aragua, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que evidencia los desafíos legales y humanitarios del sistema de detención migratoria.
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