El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se rescataron a 77 mil 498 personas de las redes de traficantes, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) precisó que 475 personas fueron sentenciadas por tráfico de personas durante la presente administración.
El titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, durante la II Conferencia Nacional de Migración (CNM), informó que, de 2018 a lo que va de 2022, se han rescatado 77 mil 498 personas de las redes de traficantes.
Por su parte, la FGR a través del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), Germán Adolfo Castillo Banuet, indicó que en 2018 fueron rescatadas 533 personas; 2019, 22 mil 189; 2020, 6 mil 249; 2021, 28 mil 804 y en lo que va de 2022, 19 mil 723.
También, la FGR dio a conocer que, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, se iniciaron 4 mil 707 carpetas de investigación. Por lo anterior, la Fiscalía indicó que la mayoría se concentran en los siguientes estados:
- Nuevo León con 858
- Chiapas, 729
- Veracruz, 649
- Tabasco, 510
- Oaxaca, 315
- Tamaulipas, 251
- Coahuila, 236
- Estado de México, 229
- Chihuahua, 224
- Baja California, 190
- Puebla, 144
- Tlaxcala, 59
- Sonora, 52
- Hidalgo, 38
- Zacatecas, 37
- Quintana Roo, 35
- Ciudad de México, 30
En este marco, la FGR propuso una serie de reformas a la Ley de Migración, con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas. También agregó que hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas.
El primero es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes, ya que cada día los tribunales ponen mayores exigencias para que una intervención de una autoridad administrativa o de seguridad pública genere una legal detención.
El segundo, la falta de imputación y colaboración de las víctimas, ya que los juzgadores, a pesar de la vulnerabilidad de las víctimas, piden que éstas hagan imputaciones directas.
El tercero, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria.
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