En el colmo de la desvergüenza la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que también dirige el Consejo de la Judicatura Federal, después de haber propinado un severo golpe a la corporación de seguridad pública más importante en los últimos años, me refiero a la Guardia Nacional y que dicho sea de paso ha sido, a juzgar por los datos, una fuerza pública que ha logrado revertir la desconfianza que la sociedad en su conjunto tenía contra las policías de todos los niveles de gobierno; la ministra presidenta ha pedido al gobierno de México la protección del edificio que alberga al máximo tribunal del país con dichos efectivos, a los que dieron previamente la espalda al negarles una estructura organizada por la Secretaria de la Defensa Nacional.
Ante las inminentes protestas sociales que se avecinan y esperan con motivo de las últimas resoluciones, polémicas por decir lo menos, de una Corte Suprema encabezada por una presidenta que ha manifestado tácita y expresamente su postura política contraria al Presidente de la República. La señora Piña exhibe su poco oficio político al también haber quedado evidenciado su actuar corrupto pues habría intentado corregir en la última decisión referente precisamente a la Guarda Nacional pues no obstante de haberse pronunciado por la inconstitucionalidad de que la Secretaria de la Defensa Nacional asumiera su organización, por ende su efectividad y viabilidad; hizo gestiones que harían que al menos durante lo que resta del sexenio se mantuviera la Guardia Nacional bajo el mando de la Defensa, cuestión que causó la molestia del Ejecutivo Federal pues se entendió como un enjuague premeditado del que seguramente buscaban sacar raja política para después dejar evidenciado al gobierno como si se tratase de una más de las corruptas administraciones a las que estaban acostumbrados a obedecer a cambio de favores.
Sin embargo, la ministra Presidenta de la SCJN decidió mal y le ha costado que además de la irritación social por otras decisiones concernientes a implicados políticos por corrupción a los que se ha beneficiado últimamente por ese poder judicial que ella preside ahora tiene la antipatía de otro grande sector que quiere y aspira a contar con una Guardia Nacional en la que ve una luz al final del túnel con el tema de la inseguridad.
La opinión pública no miente, aquí por ejemplo, en la Ciudad de México es un hecho que los últimos ejercicios que preguntaban sobre mantener la Guardia Nacional en la red del metro capitalino era abrumadora la posición de continuar con esa vigilancia pues cuenta con la confianza ciudadana. Y qué más prueba que la misma victimaria de ese estado de fuerza ha pedido su apoyo para su protección.
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