La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf, presentó una impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, el cual calificó como “ridículo” y con restricciones “irrazonables”.
La inconformidad fue presentada la noche del 31 de marzo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su carácter de candidata a ministra en la elección que se celebrará el próximo 1 de junio.
“Promuevo juicio electoral en contra del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025’”, expuso Ortiz Ahlf en el documento remitido a los magistrados.
A través de un comunicado, la también académica señaló que limitar la difusión exclusivamente al INE es “contraproducente y hasta ridículo”, al tratarse de un mecanismo de elección “nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial”. En ese sentido, urgió a permitir que otras instituciones públicas participen en la difusión del proceso.
“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, subrayó.
Ortiz Ahlf también recordó que los propios Poderes de la Unión han intervenido activamente en etapas anteriores del proceso para la selección de candidaturas, por lo que la actual medida de restricción es “incongruente en un sistema democrático”.
“En un sistema democrático lo más congruente sería que, apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, expresó.
La ministra advirtió que este tipo de limitaciones podrían traducirse en violaciones jurídicas, como impedir que universidades públicas —en uso de su autonomía— celebren foros informativos neutros, o que el propio Poder Judicial informe a la población sobre el proceso y la importancia de su participación.
“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, sentenció.
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