En un desarrollo reciente que ha causado controversia, un reportero del periódico Reforma ha solicitado al gobierno de los Estados Unidos que intervenga en el caso de María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Durante una conferencia de prensa, el reportero argumentó que, dado que Casar recibe financiamiento del gobierno estadounidense, sería apropiado que dicho gobierno interviniese en su defensa.
La respuesta del vocero del gobierno estadounidense reveló un desconocimiento sobre el caso específico de Casar. A pesar de reconocer que es positivo que entidades mexicanas reciban donaciones de Estados Unidos, el vocero enfatizó la importancia de permitir que el sistema judicial mexicano maneje el caso de manera independiente. “Es agradable que reciba donaciones de Estados Unidos”, comentó, pero reafirmó que “dejarán que el sistema de justicia mexicano se encargue”.
Esta posición no satisfizo al reportero, quien reiteró su pregunta en tres ocasiones, recibiendo la misma respuesta cada vez. El vocero estadounidense descartó completamente la posibilidad de dar seguimiento al caso, pues es algo que dejarán en manos del gobierno mexicano.
María Amparo Casar investigada por pensión ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación en contra de varios exservidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y tres civiles, incluyendo a María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y ejecutiva del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), junto con sus hijos Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar. La investigación se centra en la supuesta ilegalidad en la concesión de una pensión vitalicia y otras autorizaciones económicas relacionadas.
El caso se remonta al 8 de octubre de 2004, cuando se le otorgó a Casar Pérez una pensión vitalicia tras el suicidio de su esposo, Carlos Márquez Padilla García, quien en ese momento trabajaba como coordinador de asesores de la Dirección General de Administración de Pemex, apenas cuatro meses después de su contratación el 1 de junio de ese mismo año.
El incidente ocurrió el 7 de octubre de 2004, cuando Márquez Padilla se suicidó al lanzarse desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México. Pese a la política de la empresa, que estipula que las pensiones por muerte solo se conceden en casos de accidente y no de suicidio, la solicitud de pensión post mórtem para Casar y sus hijos fue autorizada rápidamente el 15 de octubre.
Pemex presentó formalmente una denuncia penal el 5 de abril de 2024, y tras citar a la denunciante para aclarar detalles específicos de los hechos, la FGR inició la investigación el 15 de abril, estableciendo un plan de investigación y comenzando la recolección de información indispensable para el caso. La indagatoria busca determinar la legalidad de las decisiones tomadas en torno a las pensiones y otros beneficios económicos otorgados en este contexto.
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