En muchas colonias de la Ciudad de México, abrir la llave no garantiza que salga agua.
A veces hay que esperar días, o incluso semanas, para llenar un tinaco. En comunidades rurales, el problema es aún más grave:
el agua llega en pipas o no llega nunca. Mientras tanto, grandes industrias y desarrollos urbanos continúan extrayendo miles de litros diarios con permisos que pocas veces se revisan.
Este es el escenario que motivó al gobierno federal a impulsar una nueva reforma del agua en México, una iniciativa que busca cambiar de raíz la manera en que se gestiona, se reparte y se cuida el recurso más vital que tenemos.
La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretende reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, una norma que permitió la compraventa de concesiones y, con ello, el nacimiento de un mercado del agua que hoy muchos consideran injusto.
“El agua no puede ser negocio. El agua es vida, y debe garantizarse como un derecho humano, no como una mercancía”, dijo Sheinbaum al anunciar la iniciativa durante los foros Transformando el régimen del agua en México.
Lo que cambia
La nueva Ley General de Aguas busca devolverle al Estado la rectoría sobre el recurso. Ya no se permitirá que las concesiones se vendan o se hereden entre particulares; si alguien cambia el uso del agua —por ejemplo, de agrícola a industrial— el permiso deberá regresar a manos del gobierno, que decidirá cómo reasignarlo.
Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá más poder para supervisar y sancionar a quienes abusen del recurso. Según datos de la propia dependencia, existen más de 58 mil concesiones con irregularidades: pozos ilegales, permisos falsos o sobreexplotación de acuíferos que hoy se encuentran al borde del colapso.
La reforma también propone castigos más severos para quienes roben o desperdicien agua, y la creación de nuevos delitos hídricos, algo inédito en la legislación mexicana.
Reúso, transparencia y justicia
Otro punto clave es el reúso obligatorio del agua tratada en actividades industriales y agrícolas. La idea es liberar agua potable para los hogares, especialmente en regiones donde el suministro es irregular. En ciudades como Mexicali, este modelo ya funciona: el 70% del agua residual se reutiliza con éxito.
La reforma también plantea crear consejos ciudadanos y regionales de cuenca, donde las comunidades puedan tener voz en la gestión del recurso. En ellos participarían pueblos originarios, gobiernos locales, especialistas y organizaciones sociales, para que las decisiones no se tomen sólo desde los escritorios.
El reto: convertir la ley en realidad
El país enfrenta una crisis hídrica que ya no se puede ignorar. Más de 80 acuíferos están sobreexplotados, y en muchas ciudades se pierde hasta el 40% del agua por fugas.
El cambio climático agrava la situación: menos lluvias, más sequías, más calor.
Expertas como Elena Burns, exdirectora de Conagua, advierten que la nueva ley será apenas el primer paso:
“No basta con escribirlo en el papel. Se necesita infraestructura, transparencia y una nueva cultura del agua. Si no, seguiremos parchando el mismo problema”.
La reforma llegará al Congreso en las próximas semanas. Si se aprueba, será la transformación más profunda en 30 años sobre cómo México entiende el agua: no como un privilegio, sino como un derecho que debe fluir para todas y todos.
Porque al final, el agua no pertenece a nadie… pero la falta de ella nos afecta a todos.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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