Las guerras han ido evolucionando al igual que la información ha cambiado su manera de propagación y la manera en que es controlada. Las oligarquías multimediáticas han tomado fuerza con el mal llamado “libre mercado”. Al punto de que quien controla los medios, controla la información, las narrativas y por ende las mentes de un pueblo consumidas por la desinformación.
El control plutocrático de la propaganda multimediática ha hecho que la nueva arma de guerra sea la desinformación. Así mismo, los golpes de estado convencionales, en el caso de Latinoamérica, ahora son perpetuados por medio de guerras judiciales, lawfare, o golpe blando. Se trata de persecuciones políticas que tienen por objetivo la destrucción de imagen pública y la inhabilitación en el ámbito electoral de un adversario. Es decir, la destrucción de la democracia con uso de las leyes y de la propia constitución (torcida). Esta guerra jurídica se da con ayuda de los medios de comunicación, los autoproclamados “poseedores de la verdad”.
En México esta herramienta antidemocrática, se dio con el desafuero del, ahora presidente López Obrador entre 2004 y 2005, combinada con una amplia cobertura mediática con el fin de desacreditarlo e incapacitarlo como posible candidato en el año 2006, cosa que la movilización de más de 1 millón de mexicanos y mexicanas pudo detener. Sin embargo, tras un fraude cometido antes y después de las urnas, el PAN salió “triunfador” con el candidato Felipe Calderón, para después iniciar una sangrienta guerra que los mexicanos pagaríamos con nuestra seguridad y bienestar.
El más reciente caso de lawfare se dio hace unas semanas, en Perú con el depuesto presidente Pedro Castillo y la imposición de la usurpadora Dina Boluarte. El trabajo de los medios de comunicación ha sido presentar dichas situaciones de destitución “constitucional” como una “lucha contra la corrupción”, no obstante, tras bambalinas se esconde una lucha contra un proyecto de nación que propone mayor soberanía en cuestión de los recursos naturales y mayor intervención del estado en cuestiones económicas. Pero ¿Quién está detrás? Y ¿Quién financia dichos golpes de estado?
El papel de Estados Unidos es clave puesto que opera a través de los medios de comunicación, de “intelectuales”, organizaciones (partidistas) “no gubernamentales”, de instituciones y agencias como la USAID ligada a la CIA. Un claro ejemplo es el del pseudo escritor y ultraderechista peruano Vargas Llosa, quien preside la Fundación Internacional para la Libertad, patrocinada por CATO INSTITUDE y ATLAS NETWORK, esta primera, financiada a su vez por KOCH INDUSTRIES y vinculada a Mike Pompeo, ex jefe de la CIA y ex secretario de estado, y esta última ligada al “empresario” Salinas Pliego (Tv azteca).
La información se ha vuelto un negocio y una estafa, tan solo George Soros paga el 30% de los relatores de la ONU para promover su repulsiva agenda. Por otra parte, Estados Unidos lleva las riendas del internet, con una ventaja muy amplia. Esto puede poner en riesgo la seguridad nacional de otros países al monopolizar el discurso. Es por ello por lo que, el desafío al que nos enfrentamos es al manejar, interpretar y analizar la información de manera adecuada. Las redes sociales han abierto una puerta muy grande para esto, no obstante, también son un instrumento político peligroso y destructivo, basta recordar lo sucedido a Donald Trump.
Los recursos naturales son propiedad del estado y no debemos permitir que, a través de los engañosos medios de comunicación financiados por gobiernos extranjeros, las trasnacionales se apoderen de ellos. Es el momento de apoyar la democracia de los países en la que no es respetada. La voluntad del pueblo es la única decisión válida dentro del intervencionismo. No a la imposición, no a la represión, no al racismo y clasismo. Fuerza a Perú y fuerza a todo el pueblo de América Latina.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
