Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Felipe Calderón, es objeto actualmente de tres órdenes de captura, junto con la de su esposa y varios de sus hermanos, según la Fiscalía General de la República (FGR). Estas órdenes fueron emitidas por jueces federales por delitos cometidos en México y no tienen relación con las investigaciones penales que se llevan a cabo en Estados Unidos por narcotráfico.
La referida información se dio a conocer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera durante su conferencia matutina que solicitaría a la FGR una actualización sobre las investigaciones al exfuncionario.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación “varias de esas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fugaron del país en su momento. Y se han asegurado diversos bienes inmuebles, bloqueando las cuentas bancarias de los involucrados”.
“Las órdenes de aprehensión del ex funcionario y de sus cómplices que se dieron a la fuga, se están tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes para obtener, en su caso, la extradición que procede”.
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero afirmó que las denuncias realizadas en suelo nacional “son independientes de los procesos de reclamo de bienes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue en Miami, Florida, para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares”.
En cuanto los mandamientos contra García Luna “la primera orden de aprehensión que está vigente es la que corresponde a la participación de Genaro “G”, en el caso Rápido y Furioso, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia.
“La segunda orden de aprehensión concierne a la participación de Genaro “G”, en un daño patrimonial inmenso, que llegó a más de 64 mil 900 millones de pesos, en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales, privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices; y que, gracias a la actuación del Gobierno de la República, se ha logrado revertir la mayor parte de dichos daños.
“La tercera orden de aprehensión se refiere a la participación delictiva de Genaro “G”, en los contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5 mil 112 millones de pesos, en 10 contratos ilegales. Y en este expediente, el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos de Genaro “G”, igual que a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
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