En un audio filtrado recientemente, Ivonne Theresa Montero, empleada del líder del cártel inmobiliario, Santiago Taboada, ha desvelado el modus operandi de esta organización que negocia a su favor y otorga concesiones a cambio de propiedades para sus miembros. Montero revela en la grabación que varios miembros del Partido Acción Nacional (PAN) poseen departamentos en complejos exclusivos como City Towers.
El audio expone cómo el cártel inmobiliario ha fomentado la construcción masiva de edificios, lo que ha resultado en una infraestructura deficiente, particularmente en el suministro de agua, incapaz de satisfacer las necesidades de la población en la demarcación. La denuncia de Montero subraya la complicidad entre el cártel y ciertos políticos que han facilitado estas operaciones en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La empleada de Taboada especifica que los beneficios que han obtenido los miembros de este Cártel son dos departamentos por edificio y la escrituración de los mismos.
Esta filtración llega en un momento crítico, en vísperas de las elecciones, y plantea serias dudas sobre la integridad de algunos candidatos y su relación con el sector inmobiliario. Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial al respecto, pero la presión pública para una investigación exhaustiva está en aumento.
La situación destaca la urgente necesidad de transparencia y regulación en el sector inmobiliario, así como una revisión de las políticas de desarrollo urbano para evitar que intereses privados prevalezcan sobre el bienestar de la comunidad.
El Cártel Inmobiliario de Taboada
El 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) difundió un video en el que un empresario detalla el funcionamiento del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde, al menos, 2011.
Según el testimonio, durante tres administraciones, varias desarrolladoras solicitaban ayuda a servidores públicos para solucionar problemas relacionados con la falta de documentos o medidas de protección civil, problemas que legalmente resultaban en la suspensión de obras o multas. Autoridades como el general jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación General, Ventanilla Única, y la dirección de Planeación, Desarrollo y Participación, así como los propios titulares de la alcaldía, pedían montos de dinero que iniciaban en 150,000 pesos y aumentaban según el tamaño y estado de la obra.
Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, informó que se han contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la alcaldía Benito Juárez. Los ingresos ilegales obtenidos por los funcionarios ascienden a más de 7,000 millones de pesos. Akabani también señaló que estas construcciones irregulares ocasionan problemas en los servicios y representan riesgos al no respetar las normas de construcción.
Al menos 16 funcionarios públicos han sido procesados por su participación en el Cártel Inmobiliario, incluyendo un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora. Además, otros cinco servidores públicos estaban bajo investigación en noviembre de 2023, según la exfiscal Ernestina Godoy.
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