La jueza federal, Paula Xinis, emitió ayer una orden temporal que impide la deportación de Kilmar Ábrego García a Uganda, mientras revisa si se está violando su derecho al debido proceso.
La decisión se toma apenas días después de que Ábrego, quien fue enviado equivocadamente a El Salvador en marzo, fue nuevamente detenido por agentes de ICE durante una cita en Baltimore.
La administración Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha insistido en que Ábrego es un miembro de MS-13, traficante humano y abusador doméstico, y anunció su procesamiento para deportación a Uganda.
Mientras tanto, su defensa denuncia que se trata de una táctica coercitiva: le ofrecen deportación voluntaria a Costa Rica si admite culpabilidad, pero lo amenazan con enviarlo a Uganda, país al que no tiene vínculo alguno.
La jueza Xinis ha señalado que el gobierno no ha dado garantías sobre si Ábrego será encarcelado, deportado nuevamente o incluso torturado en Uganda, lo que representa una ausencia de procedimientos legales justos.
Este caso ha tomado relevancia nacional e internacional como símbolo del ataque sobre derechos migratorios y debido proceso de la administración Trump, tras su deportación errónea a un centro penitenciario salvadoreño recordado por su violencia extrema. Además, el pacto entre EE. UU. y Uganda para aceptar deportados sin supervisión parlamentaria ha generado críticas en ese país.
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