Un juez federal bloqueó la intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenada por Donald Trump, al considerar que la Casa Blanca no justificó asumir el control federal de las tropas. La administración aún mantiene a 300 elementos bajo su mando, mientras prepara una apelación.
La intervención de la Guardia Nacional en Los Ángeles volvió a encender el pulso entre Washington y California, luego de que el juez federal Charles Breyer ordenara devolver el control de las tropas al gobernador Gavin Newsom. De acuerdo con su resolución, la administración de Donald Trump no acreditó que las protestas por operativos migratorios en la ciudad justificaran la toma de mando federal sobre miles de elementos enviados en junio.
El fallo subraya que el gobierno federal no logró demostrar una emergencia vigente, sobre todo después de que las movilizaciones disminuyeron. Pese a ello, la administración Trump mantiene a 300 efectivos bajo mando federal, una decisión que el juez calificó como parte de un patrón que estaría “creando una fuerza policial nacional con tropas estatales”.
Breyer concedió al gobierno hasta el 15 de diciembre para apelar, mientras la Casa Blanca defendió la medida como un ejercicio “legal y necesario” ante supuestos riesgos a agentes federales. Este despliegue se suma a otros operativos ordenados por Trump en ciudades como Portland y Washington D. C., varios de ellos también impugnados en tribunales.
La estrategia federal ha sido fuertemente cuestionada por autoridades demócratas, que insisten en que el envío de tropas responde más a agendas políticas que a necesidades reales de seguridad. Newsom, quien ya había enfrentado una derrota en instancias previas, presentó un nuevo desafío legal en noviembre al sostener que la presencia militar ya no era indispensable en la ciudad.
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