Juez aliado de Norma Piña frena publicación de la Reforma Judicial impulsada por López Obrador

Un juez de distrito, en conjunto con un tribunal colegiado de Colima, otorgó una suspensión provisional que impide la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) antes del 11 de octubre. Este bloqueo, impulsado por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., es un claro ejemplo de cómo ciertos sectores judiciales buscan frenar los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un intento por mantener sus privilegios y resistirse a las transformaciones propuestas para el Poder Judicial.

La reforma, aprobada por el Senado en la madrugada del 11 de septiembre con el apoyo de Morena, PT, PVEM y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, fue bloqueada por el juez bajo el argumento de evitar “daños y perjuicios de imposible reparación”. Sin embargo, la postura del juez parece alinearse con la de la ministra Norma Piña, quien ha sido criticada por sus vínculos con los sectores conservadores del Poder Judicial que intentan evitar la pérdida de sus privilegios y resistir los cambios constitucionales necesarios para mejorar la justicia en México.

A pesar de que la asociación civil buscó evitar la aprobación de la reforma judicial desde su discusión, los congresos locales dieron luz verde para que siguiera su curso. Sin embargo, el juez concedió la suspensión provisional alegando que el Poder Judicial de la Federación no debe desaparecer como se estableció en 1917.

El tribunal colegiado, en su fallo, argumentó que la suspensión es necesaria para evitar la publicación de la reforma, pues de lo contrario, su entrada en vigor sería inevitable. Por lo tanto, se aplazó la audiencia incidental al 11 de octubre, en espera de los informes requeridos a las autoridades responsables.

Aunque algunos legisladores de oposición, como el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, estuvieron ausentes durante la votación, la reforma fue aprobada con 86 votos a favor. Sin embargo, este retraso representa un claro intento por mantener un Poder Judicial inmóvil, que sigue priorizando los intereses de una élite privilegiada.

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