Un juez de Control en Puente Grande declaró legales las detenciones de 40 adultos tras la protesta en Guadalajara, lo que permite a la Fiscalía ampliar 72 horas la investigación pese a denuncias de abusos policiales y arrestos arbitrarios.
El Poder Judicial de Jalisco dio un giro clave en el caso al declarar legales las detenciones de 40 adultos arrestados el sábado en el centro de Guadalajara, luego de los destrozos realizados durante más de tres horas en el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y el Congreso estatal. Con la resolución, los arrestos efectuados por policías estatales y municipales quedan validados en el ámbito jurídico.
La audiencia, que se prolongó desde la mañana hasta la noche, concluyó con la ampliación de 72 horas al plazo constitucional solicitado por el Ministerio Público, con lo que será el jueves cuando se determine quiénes enfrentarán vinculación a proceso. Además de los 40 adultos enviados a Puente Grande, cuatro menores fueron turnados a un juez especializado. La Fiscalía acusa a la mayoría por daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; tres también enfrentan cargos por daño en las cosas y a cuatro más se les imputa lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
La determinación del juez abre la puerta para que la Fiscalía reúna nuevas pruebas, aun cuando familiares y acompañantes denunciaron que los únicos elementos presentados fueron videos tomados de redes sociales, los cuales exhiben principalmente abusos policiales durante las detenciones. Padres y madres aseguraron que muchos jóvenes fueron arrestados de manera aleatoria, incluso a varias cuadras del área donde ocurrieron los destrozos.
La indignación escaló entre organizaciones civiles. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, así como Proyecto Migala, condenaron la “brutalidad policiaca” y exigieron la liberación inmediata de los 40 detenidos, al calificar el operativo como una serie de detenciones arbitrarias contra personas inocentes. Ambas agrupaciones advirtieron que los hechos evidencian un patrón preocupante en el actuar de las corporaciones estatales.
En paralelo, durante la glosa del informe de seguridad en el Congreso local, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reconoció que dos elementos policiacos están bajo investigación por presuntos excesos, incluidos ataques a periodistas. El funcionario afirmó que, cuando un agente toma decisiones equivocadas en momentos críticos, debe asumir las sanciones correspondientes.
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