La comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos reveló detalles sobre cómo los grandes cárteles han logrado influencia dentro de las estructuras de seguridad y política en Sinaloa. El capo admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para proteger su negocio de tráfico de drogas, sin mencionar nombres específicos, lo que abrió espacio a la especulación.
De acuerdo con información recopilada por El País, entre los casos más destacados está la desaparición de José Rosario Heras López, exagente de la Fiscalía estatal y parte del equipo de seguridad del gobernador, y Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación, ambos vinculados a redes delictivas y actualmente desaparecidos. La FGR intervino para desmentir versiones locales que buscaban ocultar estas conexiones.
Especialistas señalan que el soborno y la corrupción han sido clave para el dominio del Cartel de Sinaloa en la región. Juicios anteriores, como el de Genaro García Luna, demostraron cómo el crimen organizado opera con la complicidad de autoridades locales y federales, así como la participación indirecta de instancias internacionales.
La historia del narcopoder en Sinaloa no es nueva. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial, los testimonios muestran cómo los carteles colocan mandos afines y protegen a sus miembros, asegurando su control sobre zonas estratégicas durante gobiernos de distintos partidos.
Según expertos en seguridad, estos vínculos forman parte del ADN del Cartel de Sinaloa, mientras que la responsabilidad de frenar la influencia criminal recae principalmente en autoridades federales.
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