Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, informó en rueda de prensa que se rescindirá el contrato de la empresa de seguridad CAMSA, el cual se otorgó por adjudicación directa y que le permitía prestar sus servicios en instalaciones del INM ubicadas en 23 estados de la República, hasta el 31 de diciembre de este año 2023 con un monto mínimo 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones.
“Reiteramos que se inició el proceso administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que ocurrió en al menos nueve omisiones”
Señaló
Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, informó que se imputó a Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”, a quienes se les dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el incendio de Ciudad Juárez.
Se suspende estación de Ciudad Juárez de manera definitiva
Rodríguez Velázquez señaló que de forma definitiva se cerró la estación migratoria de Ciudad Juárez, por lo que los extranjeros que aún permanecían ahí serán trasladados.
“Anunciar que se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación de Juárez, Chihuahua, por lo que las personas albergadas se trasladaran al centro integrador Leona Vicario; reiteramos la indignación y dolor este tipo de hechos, nuestra política de cero impunidad, cero corrupción y cero impunidad”, apuntó.
La titular de la SSPC detalló que no es una estancia provisional, sino más bien un centro integrador donde les ofrecerán alimentos y servicios médico a los migrantes.
FGR analiza legalidad del contrato
La fiscal Herrerías expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) examinará la legalidad del contrato de la empresa CAMSA
“Además de irregularidades, la FGR habrá de examinar puntualmente legalidad del contrato, omisiones que las personas empleadas desplegaron en los hechos, ya que por tratarse de empresa no están exentas de respetar derechos humanos, castigarse en su posición de garantes”, añadió.
La servidora comunicó que era responsabilidad de los servidores de custodia la seguridad de los migrantes retenidos y que no están exentas de obligaciones, con base en el Artículo 51, que señala que deben recibir cursos básicos de formación, capacitación y adiestramiento de conformidad.
“Analizamos qué conductas constituyen un hecho delictivo, pues hay responsabilidad de quienes realizaban acciones de seguridad; será esclarecido”.
Reiteran que no habrá ningún tipo de impunidad
Rosa Icela Rodríguez reiteró que se hará un deslinde claro de las responsabilidades y reafirmó que no se cometerán injusticias.
“No vamos a cometer injusticias, toda la investigación llegará hasta donde tope, lo dije, sin otro propósito de hacer justicia; habrá un deslinde muy claro, muy preciso de responsabilidades, los familiares pueden estar seguros que se trata de una investigación seria y a fondo, se trata de homicidios, que es un delito grave, muy doloroso y no podemos simular eso, no podemos permitir que haya impunidad”.
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