Las libertades democráticas son una conquista del pueblo de México. El derecho a la libre manifestación y la libre expresión están plasmados en nuestra Carta Magna; el gobierno de la Cuarta Transformación emana de un movimiento democrático que desde 1988 fue ganando su lugar en las calles y las plazas públicas -incluso a costa de vidas de dirigentes sociales-, en la lucha por la democracia y las libertades, contra los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012, y, por el cambio pacífico en México, por ello nuestro presidente siempre ha sido respetuoso del que piensa diferente, del disidente, del discrepante. Se actúa y actuará siempre en consonancia de nuestros principios e ideales.
Los individuos o grupos que están convocando a marchar y movilizarse contra la reforma electoral propuesta por el presidente AMLO, por supuesto que pueden salir a las calles a expresarse: defenderemos siempre su derecho a hacerlo. No obstante, hay un abismo entre el discurso que pregonan y la realidad de sus motivaciones. Son actores políticos y económicos del viejo régimen, que tergiversan todos los sucesos para sacar raja política; propagan con cuantiosos recursos económicos la guerra sucia, las noticias falsas, la estigmatización de los partidarios de la transformación, y son a todas luces, voces carentes de legitimidad.
Vicente Fox cuando era presidente, primero con el proceso de desafuero en 2004-2005 implementado como un golpe de estado técnico y luego con el fraude electoral en 2006, hizo todo lo posible por contrariar la voluntad popular de llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia; paradójicamente este conocido hampón electoral hoy se autoerige como paladín de las instituciones democráticas y convoca a movilizaciones para “defender al INE”.
A los convocantes a la marcha que se opone a la reforma electoral, así los ha descrito con toda claridad el presidente de México:
“Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. Que lo sepan, pues, que se sepa bien. Y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes.”
En realidad, a lo que se oponen los opositores golpistas es al fin de los privilegios para las autoridades electorales; su rechazo a la reforma electoral es porque no están de acuerdo con:
- La Elección a través del voto popular de consejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) y magistrados electorales del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
- La Creación del INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas). Es mentira que el INE desparece, se transformaría en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
- La reducción del financiamiento de la autoridad electoral. Los costos operativos del Instituto Nacional Electoral son excesivos, en particular los salarios y prestaciones de los consejeros electorales, por lo que contempla una reducción en su número de 11 a 7.
En 1999 al INE se le asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que para 2018 el presupuesto fue de 68,300 millones de pesos, es decir un crecimiento de 409% en menos de 20 años.
En el INE, 123 servidores públicos ganan más que el presidente López Obrador. En el caso de los 11 consejeros electorales –encabezados por Lorenzo Córdova– el erario les paga 262 mil 634 pesos cada mes, además de otros privilegios como gastos de alimentación por 11 mil 970 pesos al mes, seguros (gastos médicos mayores, institucional, separación individualizada, retiro, vida), chofer, automóvil y hasta gasolina. Con dinero público se les paga seguro institucional (suma asegurada básica de 40 meses), seguro colectivo de retiro (de 10 mil a 25 mil pesos), seguro de gastos médicos mayores (295 UMA mensuales en la Ciudad de México), seguro de separación individualizado (el INE aportará por cuenta y en nombre del servidor público un monto igual al que aporte éste, que será del 2, 4, 5, 8 o 10 por ciento del sueldo tabular), prima vacacional (cinco días de sueldo base cuando menos por cada periodo vacacional), prima quinquenal, aguinaldo (40 días de sueldo tabular, cuando menos, sin deducción alguna), gastos funerarios, vacaciones (20 días hábiles al año, en dos periodos de 10 días cada uno).
- La Federalización de las elecciones, que busca que la autoridad electoral nacional sea la entidad encargada de organizar las elecciones y que el TEPJF se haga cargo de validar su legalidad, y que desaparezcan los Organismos Públicos Locales (Oples) encargados de los procesos electorales en las entidades federativas, así como de los tribunales electorales locales.
- La reducción del número de legisladores. Uno de los planteamientos centrales de la iniciativa del presidente López Obrador es la eliminación de los legisladores de representación proporcional en ambas cámaras: de 500 a 300 diputados, y de 128 a 96 senadores.
Parece inverosímil que los reaccionarios salgan a defender lo indefendible, ante estas y otras medidas que contempla la reforma y que son de sentido común para favorecer autoridades electorales imparciales, austeras, justas y eficaces.
Ojalá que se quiten las máscaras, que no hablen a nombre de la democracia, porque lo que en realidad defienden son prebendas y abusos. El pueblo de México no quiere más burocracias doradas. No habrá que caer en nuevos montajes y provocaciones, solo tener muy claro, que la marcha contra las reformas del presidente AMLO, es la marcha de los hipócritas.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
