El operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y busca desactivar liderazgos criminales que amenazaban la estabilidad de los Ceresos estatales.
El Gobierno de México trasladó a 25 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad desde Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Michoacán hacia prisiones federales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El funcionario explicó que la acción se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema penitenciario y evitar riesgos derivados de la permanencia de internos con liderazgos negativos y vínculos criminales activos en penales estatales.
De acuerdo con García Harfuch, los reos trasladados incitaban a desórdenes, contaban con capacidad económica para corromper al personal penitenciario y mantenían contactos operativos con grupos delictivos, lo que los convertía en un riesgo para la estabilidad interna, con posibilidad de motines, presiones colectivas y reagrupamientos criminales.
El titular de la SSPC precisó que ninguno de los internos trasladados es considerado objetivo prioritario ni cuenta, hasta el momento, con solicitudes de extradición a Estados Unidos, pero su reubicación era necesaria para romper estructuras de control al interior de los Ceresos michoacanos.
Los 25 reos fueron distribuidos en cuatro Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos): 10 internos al Cefereso No. 14 en Durango; cinco al Cefereso No. 4 en Nayarit; cinco al Cefereso No. 5 en Veracruz; y cinco al Cefereso No. 18 en Coahuila.
El traslado se llevó a cabo mediante un operativo interinstitucional, con participación de elementos de la Guardia Nacional, personal del Sistema Penitenciario, así como vigilancia perimetral y escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional, garantizando seguridad aérea y terrestre durante todo el proceso.
Con esta acción, el Gobierno federal busca recuperar el control penitenciario, reducir la influencia del crimen organizado en cárceles estatales y reforzar la gobernabilidad en Michoacán, una de las entidades con mayores retos en materia de seguridad.
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