Cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, cansados del hacinamiento y largos retrasos en sus trámites migratorios, iniciaron una caravana rumbo a la Ciudad de México, buscando empleo y continuar sus procesos. Este grupo, de unas 400 personas de países como Colombia, Venezuela, Cuba y Haití, muestra un cambio de ruta respecto a las caravanas previas que buscaban llegar a la frontera norte.
En una entrevista para Reporte índigo, Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, explica que el sistema migratorio mexicano ha convertido a Tapachula en una especie de “capital de la migración”, donde la corrupción en organismos como COMAR y el INM obliga a los migrantes a pagar hasta 20 mil pesos para agilizar citas y obtener documentos que les permitan trabajar o moverse libremente.
Las caravanas no solo son una forma de protesta y autodefensa ante la inseguridad y la falta de vías legales para migrar, sino también una estrategia para evitar la extorsión de traficantes y la violencia de grupos criminales. En estas marchas, predominan familias completas, mujeres y niños, quienes encuentran en la unión una protección vital.
El interés de muchos migrantes por llegar a Estados Unidos ha disminuido debido a políticas migratorias más estrictas y los crecientes riesgos en el camino. Muchos prefieren quedarse en México o buscar oportunidades en otros países latinoamericanos, donde el proceso es menos peligroso.
Por último, Mujica denuncia un ataque a los derechos humanos tras la detención del activista Luis García Villagrán, defensor de migrantes y bajo protección gubernamental, acusado de facilitar documentos para los migrantes. Este caso es visto como un intento de frenar el libre tránsito y la defensa de esta población vulnerable.
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