El gobierno de Bernardo Arévalo despliega al Ejército y la Policía tras motines carcelarios y ataques armados que dejaron agentes muertos y heridos.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó estado de sitio en todo el país por 30 días ante una escalada de violencia atribuida a pandillas y maras, marcada por motines simultáneos en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, que dejaron policías fallecidos y lesionados.
El anuncio fue realizado en cadena nacional, donde el mandatario afirmó que la medida busca restablecer el control del Estado y garantizar la seguridad de la población, luego de que estructuras criminales reaccionaran con violencia a los operativos gubernamentales contra líderes del crimen organizado y redes de corrupción enquistadas en las cárceles.
“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional para utilizar toda la fuerza del Estado en la protección de las y los guatemaltecos”, declaró Arévalo, al subrayar que se trata de una acción temporal, legal y focalizada contra el crimen organizado.
Tras los disturbios, el Gobierno informó que se recuperó el control total de tres centros penitenciarios clave: Renovación I, el Preventivo de la zona 18 y Fraijanes 2, mediante un operativo conjunto del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, sin bajas entre rehenes ni fuerzas federales.
No obstante, como represalia, pandillas lanzaron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país, con el objetivo de intimidar a las autoridades y a la población. En uno de los operativos fue neutralizado Aldo Ochoa, líder de la pandilla Barrio 18 y señalado como uno de los principales instigadores de los motines.
El estado de sitio permite el despliegue coordinado del Ejército y la Policía en zonas estratégicas, la protección de infraestructura crítica y acciones preventivas para evitar nuevos ataques. Arévalo aclaró que no se altera la vida cotidiana, ni el funcionamiento de instituciones públicas o privadas, y que las clases solo se suspendieron un día de forma preventiva.
El presidente decretó además tres días de luto nacional por los agentes caídos y aseguró que el uso de la fuerza se realizará dentro del marco de la ley. Analistas señalan similitudes entre esta medida y el régimen de excepción aplicado en El Salvador, al priorizar la recuperación del control territorial del Estado frente a las pandillas.
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