A pesar de los graves daños ambientales y sanitarios, la empresa de Germán Larrea insiste en que la remediación está completa, mientras el río mantiene altos niveles de metales pesados y la población sufre consecuencias de salud.
Desde el 6 de agosto de 2014, cuando un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado afectó al Río Sonora y al afluente Bacanuchi, Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, ha buscado evadir su obligación de remediar los daños ambientales y compensar a las comunidades afectadas, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea.
La empresa sostiene que “ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación”, argumento que contradicen estudios del IMTA y reportes de la Secretaría de Salud de Sonora, que documentan la presencia de cinco metales pesados –arsénico, cobre, manganeso, níquel y plomo– en agua, suelo y organismos humanos, generando riesgos de cáncer, daño renal y enfermedades terminales.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y Semarnat, mantiene un diálogo con la minera para garantizar la limpieza integral del río, la construcción de hospital y laboratorio toxicológico, y la instalación de 30 plantas potabilizadoras que aseguren agua limpia a las comunidades. Aunado a ello, se exige seguimiento médico a 24 mil personas expuestas a metales pesados durante 11 años, así como la correcta disposición de sedimentos contaminados.
En el Informe 2024 de Grupo México presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía minimiza el impacto legal y ambiental, argumentando que las denuncias penales y civiles carecen de sustento, mientras mantiene litigios y retrasos en la ejecución de acciones correctivas. La empresa incluso desestima los hallazgos del IMTA, que confirman la contaminación persistente y la exposición toxicológica de la población.
El presidente Andrés Manuel López Obrador inició acciones legales contra Grupo México en 2023, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la empresa debe cumplir con todas las medidas necesarias, incluyendo remediación, agua potable, atención médica y saneamiento de los ríos contaminados, con supervisión directa de las comunidades afectadas.
A más de diez años del derrame, las comunidades de Sonora siguen esperando justicia ambiental y reparación integral, mientras Grupo México continúa priorizando su rentabilidad sobre la salud pública y el equilibrio ecológico de la región.
Deja un comentario