Este viernes Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre el juicio que el Gobierno de México presentó ante un tribunal de Miami, Florida, para recuperar alrededor de 600 millones de dólares que Genaro García Luna y sus socios, entre ellos su esposa, desviaron del erario público en los sexenios de Felipe Calderón Inojosa y Enrique Peña Nieto.
El funcionario mencionó que un Tribunal de Florida ya resolvió la demanda del gobierno de México presentada contra el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, por lo que ahora habrá un juicio para que esos 600 millones de dólares regresen a las arcas de México, además de que la decisión de la corte civil es inapelable, en el sentido de que la defensa de García Luna buscaba frenar el proceso.
Pablo Gómez mostró una tabla en donde se leen los nombres de los socios, empresas y cantidades que desviaron cada uno de ellos durante los dos sexenios del pasado, en donde destacan Linda Christina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y quienes firmaron contratos por 225,212,906 dólares.
Detallaron que los recursos que se desviaron fueron de 223 millones 212 mil 909 dólares durante el sexenio ilegítimo de Felipe Calderón y de 420 millones 753 mil 293 dólares en la administración de Enrique Peña Nieto.
“No se quedó en el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad con Felipe Claderón, siguieron operando con el nuevo gobierno (EPN)”, mencionó Gómez respecto a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez.
Corrupción, insignia de los gobiernos neoliberales
El titular de la UIF explicó a la audiencia de las mañaneras y a prensa que durante los gobiernos neoliberales la corrupción fue uno de los principales instrumentos de gobierno del país y destacó que la administración que encabeza el Presidente López Obrador es la primera que trabaja para desmantelar la corrupción.
Sobre la red de García Luna, el funcionario mencionó que tomaban el dinero, le daban vuelta a través de Barbados, siendo éste su paraíso fiscal de tránsito para finalmente llegar a Florida, por lo que no es de extrañar que lo robado, se haya invertido en aquel estado de la nación americana.
Finalmente puntualizó que la demanda del Gobierno de México es un precedente, ya que es la primera vez que se hace un juicio contra una trama de corrupción y es la primera vez que una administración se empeña en combatir la corrupción como un sistema.
