No se pretende con esta opinión ilustrar a Porfirio Muñoz Ledo, pues es algo que seguramente ya sabrá (o eso espero) solo que quizá, por cuestiones políticas, se muestra como un desentendido del tema.
Aclarado ese punto, resulta que este domingo 11 de diciembre, Muñoz Ledo afirmaba, por medio de su cuenta de twitter, que el llamado “Plan B” a la reforma electoral es un “golpe de estado contra nuestro régimen constitucional”.
Sobran las palabras y argumentos para explicar por qué eso es una ficción no solo jurídica, sino también política.
En primer lugar, porque resulta curioso cómo se confunde un concepto como “golpe de estado”, con el de “inconstitucionalidad”.
En segundo lugar, y relativo a esto último, decía bien R. Dworkin: «vivimos en la era de los jueces». Pero ¿qué significa eso realmente y qué relación tiene al tema en cuestión?
Pues bien, significa que más allá de lo que se vote en las cámaras, la decisión final la tienen los jueces. Son ellos los que deciden, desde el tribunal constitucional, qué es constitucional y qué no (recuérdese el debate reciente sobre la prisión preventiva oficiosa) y ahora también se pronuncian sobre la convencionalidad e inconvencionalidad.
Por tanto, antes de discutir si los cambios a la materia electoral son esto o aquello, mientras sean constitucionales, no hay qué alegar.
De hecho, existe aquél principio hermenéutico que establece que «todo es constitucional, hasta que se demuestre lo contrario».
Por tanto, si tanta molestia provoca el “Plan B”, lo más racional es esperar argumentos que destaquen el por qué no resulta ser una buena reforma. Y, jurídicamente, que se promueva una acción de inconstitucionalidad.
Por el contrario, lo único que se alega es una frase sin argumentación alguna, la cual es más bien una falacia como #ElINENoSeToca, tal berrinche infantil.
Ahora, bien es cierto que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le falta mucho para ser un verdadero tribunal constitucional, cuando sigue atendiendo casos de legalidad. Pero eso es tema de otro debate.
También es tema de otro debate (como ya ocurrió entre el mismo R. Dworkin y J. Habermas) qué tanto se pone en juego tras darle tanto poder a los tribunales constitucionales, sobre todo en cuanto a la democracia se refiere.
Pero bien, resulta un craso error afirmar que la “iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional”, cuando, in extremis, se podría hablar de inconstitucionalidad, la cual bien puede ser declarada por la SCJN tras atender una acción de inconstitucionalidad; por supuesto, en caso de serlo.
En fin, en México no hay nada parecido a un “golpe de estado” orquestado desde la administración pública federal. Para que haya tal cosa, necesariamente lo produciría la actual oposición. Pero bueno, mientras alguien no tenga bien definido este concepto, se seguirá cometiendo el mismo error.
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