El Gobierno de Donald Trump busca reducir el presupuesto y simplificar las regulaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Entre las medidas destaca eliminar a 540 inspectores, modificar 50 normativas y facilitar la verificación de antecedentes para la compra de armas, incluyendo ampliar el plazo de revisión de 30 a 60 días y destruir archivos de propietarios después de 20 años.
La fiscal general Pamela Bondi propuso fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA) para recortar aún más la burocracia. Además, se planea reducir el formulario 4473, que registra los datos de compradores, de siete a tres páginas, lo que podría afectar la efectividad en la supervisión de ventas y el rastreo de armas en investigaciones criminales.
Estas modificaciones generan preocupación entre organizaciones de control de armas, que advierten sobre riesgos en la seguridad pública. En lo que va de 2025, Estados Unidos ha registrado 7,358 muertes y 13,203 heridos por armas de fuego, además de 192 tiroteos masivos, según Gun Violence Archive. Entre las víctimas fatales hay 503 adolescentes.
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